Si las primeras monedas acuñadas con carácter oficial datan de unos 500 años antes de Cristo, las que se imprimen en la actualidad reflejan una cara y una cruz que, por desgracia, llevan a cuestas los agricultores. Y que pesa demasiado, tras las múltiples veces que nos han sacrificado.
La última ocasión ha sido con motivo de la aprobación del fondo europeo para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que nos acecha. Dinero y deuda a cambio de, entre otras contraprestaciones, un recorte de la PAC.
El nuevo periodo no entra oficialmente en vigor hasta enero de 2023, pero las ayudas directas ya se reducirán este año un 9,6%, lo que representará cerca de 600 millones de euros anuales menos para España. Para ser más exactos, el presupuesto de la UE para los próximos siete años recorta de forma global un 10% los fondos agrícolas en comparación con el marco financiero comunitario previo, limitándose a un presupuesto de 343.950 millones de euros cuando antes ascendían a 382.855 millones.
Tal y como ha denunciado Pedro Barato, presidente de Asaja, "agricultores y ganaderos van a perder cerca de 5.000 millones de euros durante el nuevo periodo".
Para más inri, la dotación presupuestaria para Desarrollo Rural se ha reducido casi un 12%, hasta los 85.350 millones de euros.
España, que recibirá 140.000 millones de euros, ha de saber que la mayoría de sus agricultores sobrevive gracias a la PAC, que bien podría concebirse como un balón de oxígeno que les permite respirar pese a la asfixia que les ocasiona la enorme desproporción entre los costes que soportan, actualizados a 2020, y los precios a los que venden, vigentes desde los años 80 y 90.
No hablamos de una cuestión de justicia suprema, después del ininterrumpido trabajo que han efectuado los agricultores para garantizar el abastecimiento de las tiendas y supermercados en los peores momentos de la pandemia. Hablamos de una cuestión vital, de pura supervivencia, tanto para el sector agrícola como para el conjunto de la sociedad.
Y es que de la agricultura, sobre todo la de regadío, depende la alimentación de una creciente población mundial, que ganará más de 2.000 millones de habitantes en los próximos 30 años y entre la que más de 800 millones de personas ya sufren desnutrición.
Pero, paradójicamente, los agricultores a menudo son utilizados como moneda de cambio cuando se trata de legislar. Ocurre con los repartos de fondos, las políticas migratorias… Al más burdo estilo del trueque, plantear subidas de aranceles a los productos agrícolas como respuesta a medidas de corte fiscal o bajadas de las ayudas al sector en el marco de un nuevo e histórico fondo europeo, son prácticas que en última instancia atentan contra el bien común y el interés general. Por si no fuera bastante, ahora también se contempla una reducción del uso de fertilizantes, lo que a la postre afectaría a la productividad de los cultivos. Y todo ello en un contexto en el que reforzar la competitividad de la agricultura de regadío precisa del apoyo de Bruselas para poder cumplir con los altos estándares de calidad que se les exigen a los productores comunitarios en los acuerdos de libre comercio.
Ideologías y doctrinas económicas al margen, los países del norte de Europa -que sufren menos problemas de agua- deberían interiorizar la importancia de tener recursos garantizados para poder regar. Y ello exige el desarrollo de una estrategia conjunta que permita un diálogo más directo y eficaz con las instituciones internacionales. De cualquier modo, se comprenderá mejor esta situación cuando comiencen a sufrir las consecuencias de las inundaciones y sequías derivadas del posible cambio climático.
Hoy en día, de la política comunitaria depende la lucha contra la fragmentación de la oferta, la dimensión de las explotaciones e incluso la insuficiencia de la renta que ponen contra las cuerdas a los agricultores españoles. También dependen ciertas exigencias en torno al agua para regar.
Sea como fuese, la PAC tiene en nuestro país 700.000 perceptores. La clave reside en el tipo de cultivo. Y es que, pese a que en la actualidad todos dependen de las ayudas comunitarias, son los de interior y esa agricultura denominada continental los que más necesitan estos fondos para sobrevivir a la feroz competencia de países con irrisorios precios de mano de obra.
A fin de cuentas, más nos valdría que los políticos empezaran a dar la cara por la agricultura y dejaran de usarla como la cruz de una corrompida moneda de cambio.
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