La UE alcanzó esta semana un acuerdo sobre su fondo de recuperación que merece calificarse de histórico. Sin embargo, se equivoca quien piense que los problemas acabaron para España, olvidando las graves deficiencias de base de nuestra economía.
El Plan de Estabilidad del Gobierno revela que la ya muy alta deuda pública genera una necesidad de financiación (entre renovaciones y captación de nuevos recursos) que supera los 300.000 millones anuales. Frente a esa cantidad, palidecen los 140.000 millones que España recibirá, juntando transferencias y nuevos préstamos, a partir de 2022 y de forma escalonada. Es más, ni siquiera toda la recaudación fiscal de un año de crecimiento como 2019 (casi 213.000 millones) cubre la brecha de financiación. Ante su negativa a recortar el gasto, resulta obvio que el Gobierno se amparará en el margen que el pacto europeo le permite para subir impuestos. De hecho, la UE insiste en la necesidad de revisar la tributación indirecta española (impuestos verdes, especiales e IVA) y la creación de nuevos gravámenes como la tasa Google. Ahora bien, gran parte de los rendimientos de estos impuestos deberán destinarse, a escala europea, a sufragar el nuevo fondo de rescate. Hacienda dará un paso más y penalizará la tributación de las empresas y la capacidad de ahorro e inversión de los ciudadanos. Resulta muy significativo a este respecto que AIReF ataque ahora las deducciones fiscales en planes de pensiones.
Las nuevas ayudas europeas están muy lejos de cubrir las altas necesidades de financiación que España arrastra
Son los prolegómenos de una ofensiva de alzas fiscales en todos los frentes que llegará en el peor momento para la economía española, en plena recesión y con altas probabilidades de rebrote del Covid. La recuperación económica quedará así estrangulada.