El Gobierno ha propiciado un mal comienzo de las negociaciones sobre la normativa del teletrabajo. Una vez más, el diálogo social quedó en segundo plano, ya que patronal y sindicatos critican que no se contó con ellos para elaborar esta primera propuesta.
Igualmente lógico es el malestar de las empresas por la rigidez en el cálculo de los costes que deben asumir. El ejemplo europeo muestra que el objetivo de las normas sobre teletrabajo debe ser establecer baremos y marcos de referencia, es decir, guías para luego negociar el reparto de los gastos entre firmas y empleados. Si, por el contrario, se busca una ley desequilibrada, que cargue a las empresas unilateralmente con el grueso de los nuevos costes, el teletrabajo se convertirá en una penalización para ellas.
