El Gobierno publicó esta semana el índice de referencia oficial sobre los precios del alquiler residencial en España. El estudio dibuja un mapa ya bien conocido. No en vano confirma que las zonas costeras y las grandes ciudades, especialmente Barcelona, constituyen las áreas en las que los arrendamientos se están encareciendo con más intensidad. Baleares o Málaga constituyen casos especiales, con avances cercanos al 20%.
Sin embargo, en general puede decirse que los incrementos superiores al 10% anual no son tan raros a escala nacional; de hecho se producen en casi el 40% de las provincias españolas. Es posible, por tanto, que una parte muy importante del mercado inmobiliario pueda encuadrarse bajo la categoría de lo que el Ejecutivo considera "zonas bajo tensión" e inste a las autonomías y los ayuntamientos a ponen topes a los precios en esas áreas. Una intervención de esta índole se halla descartada en el presente año. El Gobierno dejó claro que esperará a conocer el impacto de la actual crisis en este mercado. Ahora bien, los primeros estudios ya indican que, mientras el alquiler para uso comercial y de oficinas muestra retrocesos, la demanda en el residencial se mantiene en cotas altas en las zonas que ya estaban bajo presión. En otras palabras, es muy posible que el Gobierno encuentre en 2021 los argumentos para imponer el control de precios que ahora evita. Puede ya preverse hasta qué punto el mercado quedará distorsionado tras aplicar una política intervencionista de tal envergadura (con el 40% de las provincias potencialmente afectadas).
Los posibles controles de precios amenazan con distorsionar el mercado en cerca del 40% de las provincias
El único resultado será una retracción de la oferta de casas en alquiler que impedirá que el problema se resuelva.
