La sanidad privada española ha dado muestras sobradas de su capacidad para estar a la altura de una pandemia histórica. Sus clínicas y hospitales trataron a casi un 20% de los pacientes a los que se diagnosticó el Covid-19 en nuestro país.
Además, atendieron a casi el 14% de los enfermos que necesitaron cuidados intensivos por esta causa. El esfuerzo exigió renunciar a todas sus actividades habituales, y que constituyen su principal fuente de ingresos, como la cirugía y las pruebas para la detección precoz de enfermedades. Además, sus instalaciones han estado obligadas a estar en pleno funcionamiento durante las semanas en la que la tasa de contagios se mantenía en máximos. El Gobierno no puede relegar al olvido esta importante contribución, ahora que muchas empresas de este sector se enfrentan a importantes dificultades para seguir en el mercado. Se pudo evitar una situación tan crítica, dado que la reivindicación del sector de una ayuda específica se planteó hace tres meses sin obtener respuesta. La liberación del nuevo fondo autonómico para combatir la crisis habría sido una buena oportunidad de atender la petición. Sin embargo, de los 9.000 millones previstos para sanidad ninguna partida está destinada a los centros privados. La ayuda por valor de 426 millones que el sector reclama continúa así pendiente lo que constituye no sólo trato injusto sino también una temeridad.
El Gobierno no reconoce la labor indispensable que estas clínicas y hospitales desempeñaron para contener el virus
La experiencia en otros países, y la que ya se manifiesta en España, demuestra que son posibles rebrotes de la epidemia. Constituiría un grave error abocar al sistema público de atención a un colapso mayor del que vivió a partir de marzo, impidiendo que la sanidad privada esté en condiciones de volver a brindarle apoyo.
