Analizar los efectos de la covid-19 sobre la producción es relativamente sencillo si se recurre a un simple cálculo. El año tiene 12 meses y en cada mes aproximadamente se produce un 8,3% del PIB anual. La mayoría de los expertos se inclinan por una pérdida de PIB en el entorno del 9% o 10% en 2020. Podemos tomar, pues, como referencia el 9.5% que es la cifra avanzada por el Banco de España. La economía española, al igual que todas las occidentales, ha experimentado años de crecimiento y de decrecimiento del PIB, pero nunca una caída de su producción del orden del 10% y habría que remontarse a la Guerra Civil española para hallar un parangón similar. En concreto, desde 1957, que es cuando se dispone de datos cuasi oficiales de Contabilidad Nacional, la mayor caída del PIB se registró en 2009 a raíz de la crisis financiera con un 3.8%. Una pérdida que tuvo efectos devastadores sobre el tejido productivo y el empleo, pero cabe señalar que su cuantía es claramente inferior al orden de magnitud que se atribuye a los potenciales efectos derivados del Covid-19.
Supongamos que en unos meses se resuelve la pandemia (con una vacuna por ejemplo). De entrada, la economía se enfrenta a un problema de oferta dado que ha dejado de producir durante un tiempo, pero su stock de capital físico o su stock de capital humano en principio permanecen inalterados. El virus ha obligado a reducir la actividad, pero no ha destruido infraestructuras, edificios o máquinas como sucede en caso de una confrontación bélica. En este contexto cabría esperar una recuperación rápida cuando la vida retornase a la normalidad. No obstante, la situación es más complicada porque entre los productores y los consumidores existe un complejo entramado de relaciones monetarias, bancarias y de compromisos asumidos que pueden provocar que cuando la economía deja de producir durante un tiempo, el capital físico efectivamente se destruya. Este es el caso, por ejemplo, de una empresa que quiebra porque no puede hacer frente a los pagos que tiene comprometidos. O de un establecimiento hotelero que cierra definitivamente por falta de clientes durante un prolongado período de tiempo. En otras palabras, el covid, sin facilidades de financiación, no solo puede destruir la salud de los seres humanos, sino que también puede destruir el stock de capital físico productivo que interviene en una función de producción para la transformación de inputs en outputs. Desde esta perspectiva sus efectos pueden asimilarse a los derivados de una confrontación bélica, y si esto sucede, la producción perdida ya no es tan fácilmente recuperable.
El Constitucional alemán estuvo fuera de lugar al cuestionar las acciones del BCE
Para minimizar estos inevitables efectos sobre el tejido productivo derivados de una paralización temporal de la actividad económica, es de vital importancia que las autoridades económicas sean lo suficiente diligentes para proporcionar al sistema la necesaria liquidez.
Ante esto, España puede tratar de endeudarse al máximo facilitando créditos blandos o, incluso créditos a fondo perdido. Pero todo ello acrecienta el déficit público y pone en riesgo la solvencia de las finanzas públicas y del propio país. Es conocido lo que sucede con la prima de riesgo cuando el endeudamiento es excesivo. En otras palabras, un país como España puede intentar facilitar al máximo el proceso de adaptación, pero se ve claramente limitado en sus posibilidades de actuación porque no puede endeudarse sin límite y tampoco puede imprimir dinero. Es cierto que las medidas que un país individual adopta para hacer frente a una situación como la que nos enfrentamos pueden ser más o menos idóneas, pero siempre se enfrentarán a un límite de acción derivado de que su política monetaria está decidida por un agente externo, el BCE, y de que todo su gasto público debe ser financiado por impuestos.
Y… ¿qué puede hacer la Unión Europea? La UE también se ha visto golpeada por la crisis del Covid-19, pero puede hacer bastantes más cosas que un país aislado para afrontar la crisis. Entre otras cosas puede: mutualizar la deuda, emitir deuda perpetua e imprimir dinero. Las tres actuaciones a la vez y otras que a los economistas se les ocurran con objeto de minimizar los efectos reales derivados de una falta de liquidez. No todas estas vías cuentan con el mismo grado de aceptación por parte de los economistas o de los gobiernos. No es mi propósito establecer una gradación de preferencias, pero si resaltar que Europa debería hacer todo lo que esté en su mano para minimizar los efectos adversos del Covid-19 sobre la estructura productiva. Como claramente expresaba el profesor Paul de Grawee en una entrevista en La Vanguardia, "lo que está en riego si Europa no afronta conjuntamente el problema del Covid-19 es la propia Unión Europea".
La política de la austeridad perjudicará la producción el empleo en Europa
Pero, desgraciadamente los políticos en ocasiones toman decisiones equivocadas haciendo prevalecer los intereses de partido al bien común, y ello es aplicable no tan solo los españoles sino también los europeos. Los juristas todavía parecen en ocasiones estar más fuera de lugar, como el Constitucional alemán al cuestionar recientemente la política de expansión monetaria del BCE en un contexto en que toda Europa se aproximaba al abismo y que Mario Draghi fue capaz de sortear. Parece que para el Constitucional alemán lo más importante es evitar cometer cualquier pequeña infracción de tráfico, aunque ello suponga desplomar el vehículo por un barranco.
En las actuales circunstancias, y con doble objetivo de minimizar los efectos perversos de la pandemia sobre el tejido productivo, así como de preservar la Unión Europea, la única limitación a la expansión monetaria debería ser el riesgo de inflación. Pero la inflación parece estar muy lejos, por lo que hay que evitar el error de tratar de capear una crisis como la derivada del Covid- 19 imponiendo una política conjunta de austeridad. Una política de este tipo puede ser tan inoperante como tratar de levitar tirando hacia arriba de los cordones de los zapatos, y a la postre, tremendamente perjudicial para la producción, para el empleo y para la propia continuidad del proyecto europeo común.
