El nuevo acuerdo sobre los Ertes de fuerza mayor se da ya casi por descontado. La negociación entre el Gobierno con patronal y sindicatos genera avances, ya que Trabajo se muestra dispuesto a respetar, en gran parte, la principal ventaja que estos expedientes aportan: la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social.
Sin embargo, resultará perniciosa su insistencia en que la vigencia de los Ertes llegue sólo hasta octubre. Contrasta vivamente esa limitación con la gran importancia que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, atribuye a estos instrumentos "para evitar que se ahonde la recesión". Pero aún choca más considerando la mayor ambición que Alemania, Francia o Italia ya demostraron, prorrogando estos expedientes hasta final de año. Las disparidades se repiten en otros campos de importancia vital. Lejos de imitar la rebajas de impuestos ya impulsadas por Roma o Berlín, el Gobierno español aún defiende alzas del IRPF, Sociedades, Patrimonio o Sucesiones. La presión impositiva crecerá, mientras estímulos como las líneas de financiación del ICO terminaron la semana pasada sin que exista ya ningún viso de llegar a los 200.000 millones en avales comprometidos al inicio de la epidemia. Sorprendentemente, ante una crisis de demanda, España limita las ayudas más eficaces para reanimar el consumo y la inversión, como son las medidas para mantener el empleo, las inyecciones de liquidez y los alivios fiscales.
Nuestro país, al contrario que los principales Estados europeos, descuida los estímulos para reanimar la demanda
Nuestro país discurre así en el sentido contrario a los principales Estados de la UE y de las recomendaciones de sus propios supervisores, como el Banco de España. De forma temeraria se multiplica así el riesgo de que la economía española vuelva a paralizarse.