Más de tres meses después del comienzo de la epidemia, es posible hacer un cálculo del gasto extra que el Covid supone para España: 56.000 millones, un 5% del PIB. A primera vista, parecería inobjetable un desembolso forzado por una crisis imprevista y de dimensiones históricas, al igual que el incremento del déficit público que conlleva.
Sin duda, son necesarios los 18.000 millones destinados a financiar los Ertes, al igual que las partidas para material sanitario o las ayudas a sectores abocados a una parálisis forzosa. Ahora bien, debe tenerse en cuenta el delicado punto de partida con el que España afronta esta crisis y la negativa del Gobierno a corregirlo. Ya antes de la epidemia, los expertos alertaban de que se incumpliría el objetivo de estabilidad en 2020, por medidas como el alza salarial a los funcionarios del 2% (muy superior al IPC). Ni la crisis ha impedido que continúe su tramitación. Es más, en los 56.000 millones destinados a combatir el Covid hay partidas tan cuestionables como el ingreso mínimo vital. Ninguna emergencia justifica un subsidio vitalicio para cubrir necesidades que atendían las autonomías. Es significativo que el Gobierno evitara incluir esta nueva ayuda en el Plan de Estabilidad, el documento en el que exponía sus medidas frente a la crisis ante Bruselas. Partidas como ésta se antojan más dirigidas por intereses electoralistas que por la urgencia sanitaria y económica.
La crisis no basta para justificar partidas de este desembolso más guiadas por intereses de tipo electoralista
Son comprensibles los recelos del PP a dar el aval que el presidente Sánchez persigue para su política expansiva. Tampoco encontrarán justificación ante las autoridades europeas, lo que equivaldrá a la imposición de fuertes recortes del gasto como única vía para acceder a las ayudas que se discutirán en julio.