El Gobierno presentó ayer su largamente esperado Plan de Impulso de la Industria de la Automoción, dotado con más de 3.700 millones. La hoja de ruta ha sido bien recibida por el sector que se muestra de acuerdo con el elevado peso de los créditos blandos en él.
De hecho, absorben cerca del 72% de la dotación total de un plan que también contempla incentivos fiscales, inversiones públicas y ayudas directas. Estas últimas constituyen el grueso de iniciativas semejantes tomadas por gigantes del automóvil, como Francia y Alemania, desde finales del mes pasado. Resulta previsible esa preferencia en su caso, considerando que el rasgo diferencial de estos países radica en que que se ubican las sedes centrales de las marcas. El caso de España, sin embargo, es muy diferente ya que se nutre de la presencia de fábricas strico sensu. Las ayudas públicas directas a un sector determinado son siempre contrarias al funcionamiento de una economía de mercado. Pero, además, resultarían injustificables en el caso de las fábricas de automóviles españolas, siempre sujetas a posibles deslocalizaciones. De hecho, resulta inevitable lamentar que el Plan de Impulso llega tarde, una vez que el cierre de las fábricas de Nissan en la Zona Franca se ha convertido en una realidad. Las demoras en el lanzamiento de esta iniciativa ya se cobran un alto precio, como también lo hará en el futuro su escasa dotación.
Los recursos movilizados se quedan por debajo de la mitad de los que puso en marcha Francia el mes pasado
Los 3.750 millones en dos años de los que se componen equivalen a menos de la mitad del monto movilizado por Francia en mayo. La puesta en marcha del Plan de Impulso era ya urgente, pero existe aún el riesgo de que resulte insuficiente para una industria que afronta una crisis histórica.
