Dos meses de confinamiento, devorando la información sobre la pandemia del COVID-19, una circunstancia que los más mayores nos recuerdan que es completamente insólita por su extensión, magnitud y la severidad con que está afectando a las economías de la mayor parte del mundo y de Europa en particular.
En este alarmante contexto, son cada vez más las voces que reclaman que los planes de recuperación económica tengan en cuenta la sostenibilidad. Así, son ya 17 los países que se han posicionado a favor de una salida "verde" y "justa" para la crisis provocada por el COVID-19, entre los que se encuentran España, Francia, Portugal e Italia, pero también países como Alemania, Austria y Holanda, entre otros. Es decir, pese a las diferencias respecto a la respuesta que se debe dar a esta crisis desde las instituciones europeas, existe un elevado consenso en que esta, con independencia de cómo se adopte, debe estar ligada a la sostenibilidad.
En Europa existe consenso de que la salida a esta crisis debe estar ligada a la sostenibilidad
Fruto de este consenso, el Consejo de Europa ha anunciado recientemente la Hoja de Ruta hacia la Recuperación con el objetivo de "construir una Europa más resiliente, sostenible y justa", que se completará con un plan de acción que recoja con más detalle las medidas a adoptar. Asimismo, la Comisión Europea anunció el pasado 27 de mayo su Plan de recuperación para Europa, cuyas propuestas están alineadas con el Pacto Verde Europeo, la respuesta europea a los desafíos que suponen el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad para la economía europea y el cumplimiento de los objetivos de desarrollos sostenible.
Por su parte, la sociedad civil también reclama una recuperación económica justa y respetuosa con el medio ambiente, como demuestran la constitución de la Alianza europea para una recuperación verde y el Manifiesto por una recuperación económica sostenible, impulsados por representantes políticos, empresarios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales.
Estas circunstancias suponen un escenario propicio para que las finanzas sostenibles, entendidas como "el proceso de tener debidamente en cuenta las cuestiones ambientales y sociales en las decisiones de inversión", despeguen definitivamente y se consoliden como uno de los motores de nuestro sistema económico.
Es momento de que Estados y empresas combatan la emergencia climática
Los nuevos modos de trabajo y los cambios organizativos en las empresas impuestos por el COVID-19, la mayor consciencia de nuestra fragilidad y los ingentes esfuerzos financieros que requerirá la recuperación son factores que contribuyen a ello.
Como paso importante para la implantación de las finanzas sostenibles, del Plan Europeo de Inversión Sostenible, que prevé movilizar 1 trillón de euros durante la próxima década a través del presupuesto de la Unión Europea para alcanzar los ambiciosos objetivos "verdes" marcados (como la descarbonización de la economía para 2050 y la protección de la biodiversidad) y movilizar la inversión de los Estados miembros y del sector privado.
Para alcanzar estos objetivos, como ha recordado recientemente el Grupo de Expertos Técnicos de la UE en Finanzas sostenibles que asesora a la Comisión Europea en políticas de sostenibilidad, disponemos de potentes herramientas como la Taxonomía Sostenible (que consiste en una descripción de las actividades que contribuyen a alcanzar los 6 objetivos ambientales definidos por la Unión Europea) y el estándar europeo de Bonos Verdes (que exige que el uso de los ingresos procedentes de su emisión esté alineado con la taxonomía); los índices de referencia de Transición Climática y Alineados con París (los cuales contribuirán a una mayor transparencia y a evitar el blanqueo ecológico). A ello hay que añadir la experiencia adquirida en economía circular, en la que, a nivel UE, ya contamos con un segundo plan de acción y con una clasificación de actividades que contribuyen a ella; y a nivel nacional se acaba de aprobar la Estrategia Española de Economía Circular.
Todas estas iniciativas e impulsos en distintos niveles están contribuyendo a que las empresas y la sociedad en general tengan una mayor receptividad a los cambios que nos exige la sostenibilidad y los desafíos a los que nos enfrentamos, como la transformación digital del tejido productivo. La crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 nos ha hecho tomar conciencia de nuestra fragilidad ante tales desafíos, pero también nos ofrece una oportunidad única que no debemos desaprovechar. Ha llegado el momento de que los Estados y las empresas apuesten decididamente por las finanzas sostenibles como factor clave para ayudarnos a superar los devastadores efectos del COVID-19 y combatir la emergencia climática y ambiental. Cualquier demora ante este reto o cesión frente a las presiones cortoplacistas supondrá poner en riesgo la viabilidad de nuestro futuro y el de las próximas generaciones.
