A falta de una semana para la cumbre de jefes de Gobierno, en la que se discutirá el Plan de Reconstrucción de la Comisión Europea, son incuestionables las dificultades para su aprobación. Desde el inicio, era previsible que un mecanismo basado en transferencias directas, para cuya aprobación no se necesitará unanimidad, toparía con problemas.
Resulta indispensable que los Parlamentos nacionales den su placet a ese protocolo, y está por verse que las Cámaras de los países frugales del norte acepten maniatarse. Pero no es ésta la única cuestión en el aire. La falta de consenso caracteriza a todos los capítulos básicos del Plan Marshall, desde su dotación misma hasta el modo en que se financiará, un aspecto muy espinoso en un área como la UE, que implica crear nuevos impuestos a escala comunitaria. Para países tan golpeados por la actual crisis como España, este bloqueo es especialmente dramático. No sólo amenaza con un retraso sustancial en la liberación de las ayudas, ya que si no hay acuerdo en julio resultará imposible que se paguen en 2021. Además, se abre la puerta a que la condicionalidad de su entrega sea mucho más exigente de lo previsto, en términos de recortes del gasto público. Sin duda, la negativa del Gobierno a acometer ajustes de este tipo es ya insostenible. Por ello, incluso el propio presidente Sánchez admite, por primera vez, la opción de reducir ese desembolso ante las dificultades que plantea una recesión que llegará, según sus cálculos, al 10%.
El Plan Marshall europeo no sólo puede retrasarse sino someterse a una condicionalidad más dura de lo esperado
La alta posibilidad de una caída del PIB aún peor y, sobre todo, las exigencias para acceder a las ayudas europeas, harán no opcional sino ineludible pasar por encima de las resistencias de Podemos y acometer una contundente reducción de gasto.
