En poco más de dos semanas, el Estado acometerá el primer pago del ingreso mínimo vital. Desde entonces, la Administración central tendrá que asumir una prestación que todas las autonomías, sin excepción, sufragaban desde hace años.
Esta situación obligará a poner en pie una nueva estructura de gestión, al margen de la que ya crearon los Gobiernos regionales, que recaerá, sobre todo, en los ayuntamientos para la que los consistorios ya reclaman que se les dote de nuevos medios. Supone también inmiscuir al Estado en una competencia autonómica exclusiva, como es la asistencia social según el artículo 147 de la Constitución. Es más, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara al establecer que las rentas de este tipo son mecanismos protectores situados "extramuros de la Seguridad Social", es decir, cuya razón de ser radica en complementar la labor asistencial del Estado. Sin embargo, una delimitación tan clara de competencias no ha frenado al vicepresidente Pablo Iglesias en su afán de que los 2,3 millones de beneficiarios potenciales de esta ayuda la vinculen directamente a su persona. Por ello, Podemos fuerza a la Seguridad Social, enfrentándose incluso al ministro Escrivá, a engrosar la nómina de subsidios no contributivos, pese a su difícil situación presupuestaria, y lo hace con una carga especialmente gravosa.
El vicepresidente es el principal intersado en que el Estado tenga que asumir un nuevo subsidio: el ingreso mínimo vital
El ingreso vital carece de caducidad obligada para sus beneficiarios e incentiva la extensión sine die de su cobro. De hecho, no prevé sanciones en caso de rechazar ofertas de empleo y su cuantía puede rebasar el salario mínimo. Se trata así de un subsidio electoralmente muy rentable para Podemos pero que saldrá muy caro a las arcas públicas y al mercado de trabajo.
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