El fondo de reconstrucción que Bruselas propuso en mayo está pendiente de aprobación, pero sus reglas de juego son claras. Aunque el grueso del nuevo Plan Marshall se compondrá de transferencias a fondo perdido, los países que más las necesitarán, como España, deben ser conscientes de que existirán condiciones.
Cada año, la Comisión estudiará si las reformas e inversiones que los Estados beneficiarios planean se alinean con los objetivos del llamado Semestre Europeo. A más corto plazo, Bruselas ya establece que deben ser prioritarias las medidas para paliar los daños de la epidemia, en especial, garantizar que las pequeñas y medianas empresas dispongan de suficiente liquidez. Esa situación sería imposible en España si se mantuviera la fecha de caducidad de los Ertes de fuerza mayor en el próximo día 30. Resultaría ilógico pensar que miles de pymes españolas están preparadas para afrontar, en menos de un mes, los costes que supone reincorporar a toda su plantilla, cuando la recesión económica está en pleno desarrollo, y apenas han recibido ayuda para afrontar el pago inminente de sus gastos corrientes. No son éstas credenciales con las que España pueda presentarse ante la UE para reclamar sus ayudas.
La supervivencia de miles pymes será inviable si los Ertes de fuerza mayor ligados a la crisis no llega hasta final de año
El Gobierno rectifica y ya baraja septiembre como límite para los Ertes, o incluso más allá tras estudiar sus causas. Pero aún urge escuchar el llamamiento de CEOE y UGT para prolongarlos automáticamente hasta final de año. El daño sufrido por el consumo (mientras el ahorro familiar crece a un ritmo del 7,5%) evidencian que la recuperación será muy lenta. Si el Gobierno no asume esa realidad, pondrá en peligro las ayudas europeas junto con la supervivencia misma de miles de empresas.
