El vicepresidente Iglesias, y partidos como ERC, hallan en la crisis de Nissan un nuevo estímulo para sus irresponsables llamamientos a nacionalizar empresas.
Ese mismo conflicto también estimula propuestas, en apariencia más moderadas, pero igualmente dañinas. Así, la Generalitat aboga por tomar participaciones directas en empresas, en lugar de ofrecerles ayudas mediante subvenciones. Se trata de una medida intervencionista que merecería la condena de la UE. Pero, sin apelar a Bruselas, basta con considerar la experiencia reciente en España sobre el efecto de la injerencia pública en la gestión de empresas. Junto a las pérdidas y sobrecostes que son la segunda naturaleza de firmas como Hunosa y Navantia, debe recordarse el fracaso total del modelo de cajas de ahorros.