El rescate a las antiguas cajas de ahorros costó 76.410 millones de euros al bolsillo del contribuyente, de los que aún no hemos recuperado el 79%, tal y como admite el Banco de España. Casi la mitad de ese dinero fue a rescatar Bankia, convirtiendo al Estado en el principal accionista de la entidad (casi 70% del capital). Lo que supone que con la caída continua del valor del banco en bolsa, cada año crecen un poco más las pérdidas para el conjunto de los ciudadanos. Nacionalizar empresas es nacionalizar pérdidas.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, pidió el lunes al Gobierno poner sobre la mesa el debate de nacionalizar empresas por el impacto económico que dejará la crisis sanitaria en ellas. Argumenta que Alemania nunca dejaría caer Lufthansa y ve evidente que tiene que haber palancas de intervención estatal en sectores estratégicos en un país. Pero España tiene en las cajas de ahorro el mejor ejemplo de lo que supone nacionalizar una compañía: politización de su cúpula y 'agujeros' millonarios por una gestión poco profesional e irresponsable, lo que les llevó a su práctica desaparición.
Las cajas nacieron para hacer llegar el crédito a los ciudadanos. El beneficio de las mismas iba a reservas de la propia entidad o a la obra social. No había que cuidar el resultado para mantener contentos a los accionistas, sin embargo, para la cúpula sí era importante darlo para poder seguir agarrada a su silla. Esta fue una de las principales evidencias que afloraron sobre la gestión interna de las cajas en plena crisis económica. Entidades como Bankia, nacida de la integración de siete cajas de ahorro (entre ellas Caja Madrid) y que está a la espera de una sentencia, salió a bolsa con las cuentas 'maquilladas' para ocultar unos deterioros millonarios que habían absorbido del conjunto de antiguas cajas. Sumar pérdida más pérdida da como resultado otras pérdidas. Según la Fiscalía Anticorrupción, su entonces presidente Rodrigo Rato y el exvicepresidente, José Luis Olivas, prefirieron saltar al parqué en busca de financiación a una venta privada del banco, porque lo segundo suponía perder su cargo. Por el camino se llevaron a más de 190.000 pequeños accionistas que perdieron más de 1.200 millones de euros de sus ahorros. En la cúpula de la entidad todavía quedó la herencia de las antiguas cajas: los políticos. Rodrigo Rato fue vicepresidente económico del Gobierno con José María Aznar y José Luis Olivas, del PP, presidente de la Comunidad de Valencia.
Pero la pesadilla de Bankia comenzó en Caja Madrid. Con un consejo de administración elegido a dedo por los distintos gobiernos municipales y autonómicos, sus 310 años de historia quedaron reducidos al esperpento de las tarjetas black.
Los 65 imputados en la trama, la mayoría políticos de todos los colores, gastaron más de 12 millones de euros con estas visas en ropa, viajes, marisco, restaurantes, lencería, fiestas... Eran auténticos cheques sin fondo, pero con fondos de la caja que no necesitaban ser justificados por los directivos y escapaba al control de Hacienda.
Además, Olivas también fue presidente de Caja de Valencia primero y de Bancaja después. El Banco de España tuvo que intervenir la entidad en 2011 por un 'agujero' de 600 millones de euros, que fue cubierto con una inyección de dinero público de 1.000 millones de euros.
CaixaCatalunya tuvo como presidente a Narcís Serra, ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno durante la etapa de Felipe González. Su gestión dejó otro 'agujero' de 720 millones de euros en la entidad por arriesgadas inversiones en operaciones inmobiliarias.
La ceguera
La mayor evidencia de que la gestión pública lleva a unos malos resultados la demostraron el PP y el PSOE, que han gobernado la mayoría de municipios y autonomías de este país hasta 2015, el año pasado en las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, que llevó a cabo el Congreso de los Diputados. El disgusto de Ciudadanos y Podemos fue mayúsculo ante la dificultad de consensuar que las antiguas cajas fueron parte de las culpables de la crisis económica que vivió este país. Sin embargo, en este caso PP y PSOE estuvieron de acuerdo en no apuntar contra los suyos. Así que, tras más de un año de investigación de la crisis, la culpa fue para los organismos como el FMI o el Banco de España, que no supieron adelantar la crudeza de lo que venía.
Por el momento, el Gobierno descarta la opción de intervenir compañías. La vicepresidenta y ministra de Economía tachó la propuesta de CCOO de "debate ideológico" y recordó que el Ejecutivo apuesta por otras alternativas para sacar adelante a las empresas impactadas por la crisis del coronavirus, como los 100.000 millones de euros en avales del ICO destinados a proporcionar liquidez a compañías y pymes. No obstante, debate ideológico es el que tiene el Gobierno dentro. El vicepresidente Pablo Iglesias ha defendido en varias ocasiones durante esta crisis sanitaria la posibilidad de que el Ejecutivo recurra al artículo 128 de la Constitución, que permite nacionalizar empresas y ahorros de los ciudadanos por el "interés general". Iglesias, el mismo que llevaba en su programa hasta tres impuestos para recuperar la totalidad del rescate a las antiguas cajas, olvida que nacionalizar empresas es nacionalizar pérdidas.
