Que esto es una crisis de oferta no se pone en duda, aunque también se haya llevado por delante la demanda y no parece que se pueda descartar un shock financiero, si las medidas extraordinarias de liquidez y financiación no son acertadas, como recientemente ha puesto de manifiesto Brookings Institution. En todo caso, el origen es un shock transitorio de oferta producido por una pandemia, es decir, un mal público global que, recordando a Poe, cae como un sudario sobre la economía mundial y lo ensombrece todo de manera más que evidente.
Lo más relevante es que el shock y su triple dimensión sea más o menos transitorio, lo que parece depender críticamente del daño a la oferta agregada. En este sentido, solamente se puede hablar de reconstruir si hay destrucción. Esta es la cuestión central. La pregunta relevante, por tanto, es qué daña o destruye la oferta agregada de la economía a corto y a largo plazo.
En un análisis básico asumimos que no hay oferta si no hay factores de producción. En esta crisis va a ser muy relevante el resultado en términos de cadenas internacionales de suministro, en el sentido de, aprovechar el parón, para atacarlas desde posiciones más proteccionistas. No obstante, vamos a suponer que cualquier producto básico, materia prima o producto intermedio está disponible nacional e internacionalmente, lo que nos permitirá centrarnos en la oferta de los factores primarios, capital y trabajo.
Cualquier norma que prohíba hacer ajustas a las empresas será desastrosa
En primer lugar, a pesar de todo, la pandemia no castiga al grueso de la oferta de trabajo, en el corto plazo seguirá ahí en su estado actual y será empleada en mayor o menor medida en función de que los cambios en la demanda de trabajo (las empresas) sean más o menos apreciables cuando haya pasado la crisis sanitaria. No hace falta recordar que la demanda de trabajo es función de los salarios, de la productividad y del volumen de actividad que las empresas sean capaces de desplegar con el tiempo.
En cuanto al capital productivo se puede decir que está intacto, mayoritariamente infrautilizado o sin uso en estos días. Si hiciéramos extensiones, por ejemplo, al capital social, tendríamos más dudas, porque no sabemos si el distanciamiento social aplicado va a dominar sobre los aplausos de las ocho, especialmente en una perspectiva de futuro.
Desde el punto de vista del capital institucional, la reivindicación de unos redivivos Pactos de la Moncloa parece retrotraernos a un escenario preconstitucional, sin una definición clara de las reglas de juego de una economía social de mercado, sin una subrogación clara al bloque comunitario europeo, con una legislación tributaria más próxima al siglo XIX que al siglo XXI, sin una ordenación pactada del mercado de trabajo, etc., etc. Lo cierto es que siempre caben reformas, y son deseables, que mejoren el funcionamiento de la economía, que refuercen aquellas instituciones que favorezcan el bienestar de los ciudadanos. Dicho lo cual, aquí y ahora, el punto de partida no es una enmienda a la totalidad económica como necesidad preconstitucional que favorezca la introducción de una ley suprema nueva que desarrolle y consolide todo un marco institucional de nuevo cuño, ¿o sí?
Si miramos a la financiación de esos activos o del circulante de la actividad productiva, nueva o reiniciada, partimos de un sector financiero mucho más saneado que hace doce años y, en este sentido, la realidad económica actual es radicalmente diferente a la de 2008-2013 y todo apunta a que el prestamista de último recurso está dispuesto a ejercer como tal. Es evidente que la salida económica se va a hacer con una mayor demanda de fondos por parte de las empresas y de las administraciones públicas, que deben asumir buena parte de los costes privados derivados de las decisiones públicas; pero también hay que ver si la caída de la renta durante la crisis sanitaria va acompañada de una caída temporal más pronunciada del consumo, dadas las condiciones impuestas por el estado de alarma, acompañada de un repunte del ahorro.
No parece, por tanto, que por la vía de los factores de producción se haga permanente la crisis. Vayamos entonces a la producción. Ahí nos encontraremos con empresas y empresarios. Aunque no sea lo más políticamente correcto, a pesar de su número y de su importancia evidente en el tejido productivo, los trabajadores autónomos o los empresarios individuales, como en el cuento de Monterroso, seguirán ahí, especialmente en aquellos casos que su actividad no suponga un establecimiento y una organización más o menos compleja. No desaparecerán si se restablecen los mercados y el grueso de la actividad. Un fontanero sin actividad hoy seguirá siendo un fontanero disponible y de la misma calidad el día después. Lo mismo decenas de miles de autónomos más capitalizados física o humanamente. Eso sí, no se les puede atribular si no tienen actividad con cargas innecesarias. Las rentas de los trabajadores autónomos se consideran mixtas porque concurren en ellos rentas del trabajo y rentas propias del capital. En este sentido, en tanto que trabajadores desarrollando actividades legales, mientras no tengan actividad o la misma haya disminuido de manera importante, hay que mantenerles un nivel de renta con cargo al conjunto de la economía, al igual que se hace con el resto de trabajadores que pierden su empleo.
Un fontanero sin actividad hoy seguirá siendo un fontanero disponible y de la misma calidad el día después
Llegamos con ello a las empresas, a esas organizaciones complejas, a ese mecanismo de asignación de recursos tan sustantivo para el desarrollo de las modernas economías de mercado, donde cada una de ellas, superviviente de la competencia mercantil, representa un éxito singular de productos, procesos, organización, etc. La mayoría de los proyectos empresariales fracasan en los primeros años, por eso las que sobreviven tienen tanto valor social. Como se ha señalado previamente, aquí no se debe descartar al trabajador autónomo cuyo negocio supone una organización, un establecimiento, etc. donde elaborar sus productos, bienes o servicios.
En una crisis como ésta, se trata de mantener intacta en la medida de lo posible esta realidad empresarial, para poder arrancar desde ella la recuperación, que no la reconstrucción, si se hacen bien las cosas. Una recuperación en "V", improbable a día de hoy, exigiría esa condición.
Ante un lock-out administrativo, se han paralizado en su actividad y, volviendo a la pregunta inicial, hay que preguntarse qué hay que hacer para que vuelvan intactas cuando se acabe este juego del escondite inglés de mayor o menor intensidad decretado por los gobiernos para hacer frente a la crisis sanitaria.
Si recurrimos a un elemental razonamiento económico, las empresas tienen tres decisiones básicas: entrar o no en un mercado, producir o no para ese mercado y, finalmente, cuánto producir, si fuera el caso. Entrar o no en un mercado es una decisión de largo plazo que tiene que ver sobre todo con la posibilidad de recuperar los costes de inversión y, sin duda, con el volumen de costes irrecuperables que comporta la decisión y que hacen más o menos difícil la entrada en un mercado, al margen de otras dificultades propias de entrada y de salida que tiene cada mercado. Solamente el largo plazo y la rentabilidad adecuada permiten saber si la retribución de estos recursos será la adecuada, pero en una situación transitoria de corto plazo este asunto no es el más relevante. Se podría decir que mantener intacta la capacidad de las empresas en esta crisis pandémica, en principio, no debería ser un gran problema, más allá del coste de oportunidad de los recursos comprometidos a largo plazo, que puede variar por los costes y la necesidad de mayor financiación para soportar la fase transitoria.
A partir de aquí y una vez puesta en pie la empresa, sus objetivos, sus inversiones, etc., ésta tiene que decidir si produce o no produce. Aquí está el quid de la cuestión: muchas empresas se encuentran con que no pueden producir, por las decisiones gubernamentales, principalmente. En estos casos, las empresas asumen que no pueden recuperar nada de sus costes fijos y, si disponen de recursos financieros, esto no es relevante para decidir si se quedan en el mercado o no, puesto que en el largo plazo se suponen que todos esos costes serán retribuidos convenientemente.
Ahora bien, a pesar de ello, las empresas se plantearán salir del mercado, desaparecer como organización social compleja y como productor y generador de empleo a largo plazo, si no son capaces de adaptar sus costes variables a la nueva coyuntura. Dicho de otra forma, cuando una empresa no puede hacer frente con ingresos suficientes a sus costes variables decide no producir y con ello eliminar sus costes variables. Esta es la auténtica hibernación: se deja de producir porque no se pagan los costes variables y, muy importante, con la renuncia a producir, se eliminan todos los costes variables. Las empresas siguen en el mercado en posición de shutdown (sin actividad) esperando al momento en que no incurran en más pérdidas por sus costes variables.
Si las empresas están obligadas a mantener sin producción costes variables, como costes de mano de obra, impuestos a cuenta de una actividad inexistente o de unos resultados imposibles, y cualesquiera otros, entonces, el propio deterioro de su estructura financiera, el ahondamiento en unas pérdidas no recuperables, harán difícil que se pueda mantener la expectativa de retribución adecuada a largo plazo de sus recursos y lo racional será salir cuanto antes del mercado ante esa situación.
Por tanto, no habrá que reconstruir si se permite hibernar de verdad y, para ello, las empresas tienen que poder ir a unos costes variables cero o próximos a cero. Cualquier norma que les dificulte o les prohíba ajustar la plantilla (solemne tontería, por otra parte), pagar impuestos no relacionados con la realidad actual de la actividad y de los resultados, resultará en una destrucción empresarial francamente nefasta para una recuperación rápida e injustificable fundamento de una reconstrucción económica.
