En política, la vigencia de las afirmaciones dura tanto como la verdad que las sustenta. Eso es lo que está pasando con el intento de alcanzar un gran acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para la reconstrucción del país, maltrecho social y económicamente hasta un punto que sólo podremos comprobar cuando la gente pueda salir con normalidad a la calle y expresar cuál es su verdadera situación, si se cobran las prestaciones, si llegan las ayudas a los autónomos, si es una solución acertada prohibir a las empresas que despidan trabajadores.
Hace pocas semanas los ciudadanos escuchaban apelaciones constantes a la necesidad de alcanzar unos Pactos de la Moncloa, emulando a los grandes acuerdos de 1977 que allanaron el camino hacia la aprobación de la Constitución y la reforma del Estado. En cada comparecencia del presidente del Gobierno o cualquiera de sus ministros se ponía un énfasis especial para destacar la importancia de un gran consenso que permitiera ir juntos y cohesionados en busca de los instrumentos que permitieran iniciar la recuperación de la economía del bache más terrorífico de la historia del país en el último siglo, después de la Guerra Civil.
Las bondades de aquella apelación constante eran destacadas en los informativos y las tertulias, amplificando el mensaje gubernamental y poniendo en cuestión a todo aquél que dudara de la probabilidad de que, con los actuales actores políticos en la España de 2020, fuera posible conciliar sensibilidades en la búsqueda de un fin común. En busca del interés general de los españoles, de cualquier territorio. La oportunidad merecía la pena, y fue objeto de una conversación cara a cara entre el jefe del ejecutivo y el de la oposición, a través de las pantallas de sus ordenadores.
Se nos dijo entonces que Pablo Casado había arrancado a Pedro Sánchez el compromiso de que esa búsqueda de un gran acuerdo no se produjera en la sede del Gobierno sino en la del parlamento, donde reside la soberanía del pueblo español. Y todos pensamos entonces que era una buena decisión, que mostraba un interés mutuo de los dos principales protagonistas de la política del país por explorar acuerdos de reconstrucción.
A las conversaciones podrían sumarse el resto de fuerzas, impresionadas como los ciudadanos por la magnitud de la tragedia que estamos viviendo, con casi treinta mil muertos ya provocados por la difusión de un virus que ha cabalgado a lomos de la ineficacia administrativa. Pero el primer revés vino al conocerse que se crearía una comisión parlamentaria. Mal inicio. Las comisiones son circos mediáticos en los que sólo se busca el lucimiento propio y el perjuicio al adversario político, no la búsqueda de un fin común para todos.
Esta semana se ha constituido la comisión para la reconstrucción posterior al confinamiento, y los peores presagios se han cumplido. El acuerdo al estilo de los Pactos de la Moncloa por el que se apelaba hace un mes se queda en comisión parlamentaria con una dirección monocolor. El gobierno decidirá todo lo que allí se estudie. PSOE y Podemos van a aplicar su rodillo sobre cualquier interviniente y propuesta de resolución, y aún pretenden que los ciudadanos tengan un atisbo de confianza en lo que en ella van a negociar.
Ambos partidos copan presidencia y vicepresidencia. El veterano dirigente que la presidirá, Patxi López, lo dejó claro en su discurso inicial: que no se le ocurra a nadie mostrar discrepancia, "deslizarse por la pendiente del descuerdo" textualmente, porque para eso ya están otros resortes parlamentarios. O sea, que podrían redactarse ya las conclusiones porque a ellas se llegará sin discrepancias.
Cabe preguntarse cómo van a ser citados los convocados, si de los integrantes de la comisión de expertos que evalúa el cambio de fase de las provincias si ni siquiera se han dado a conocer sus nombres. Y tampoco se hablará del estado de las libertades y derechos de los ciudadanos y si han sido recortados en el estado de alarma, porque el bloque mayoritario ya ha sentenciado que eso no es así y que no hay nada que discutir al respecto.
La comisión, mucho nos tememos, será inservible y provocará un rosario de sesiones que no arrojarán acuerdos útiles para que las familias sin ingresos desde hace meses puedan tener un horizonte vital. De la comisión deberían salir síntomas de unidad y decisiones consensuadas, para que en Europa vean que España es un país unido frente al COVID y nos ayuden en la medida que está reclamando el gobierno español, que es importante. En estos días trascendentales nos estamos jugando un rescate de la economía española, y las comisiones parlamentarias al estilo de las que hemos conocido durante años no ayudarán a evitarlo.