La virulencia e imprevisibilidad de la actual crisis está conllevando un incremento del gasto y de la intervención en la economía de los Estados a escala mundial. Sirve como ejemplo EEUU con las cifras récord que se esperan en el desembolso y la deuda de su Administración. Sin embargo, incluso en este contexto, España logra destacar por la alarmante hipertrofia de su sector público.
El gasto atribuible a este último se situará en el 51% del PIB, un nivel propio de la época predemocrática. Pero más preocupante es la evolución de esta variable, ya que un año bastó para que abandonara los niveles anteriores relativamente moderados y ganará 10 puntos en un único ejercicio. No cabe culpar a la excepcionalidad de la crisis. Los datos de la UE delatan cómo el déficit estructural (aquél que excluye los efectos de la recesión en marcha) supera el 5% ya este año. Y todavía lo hará en 2021 debido a la cerrada negativa del Gobierno de acometer ningún tipo de recorte en un gasto público de tan gran envergadura. Las consecuencias a corto plazo son claras: ni las ayudas a las que España puede aspirar del BCE, el fondo MEDE y el Banco Europeo de Inversiones bastarán para financiar su economía. En esas circunstancias un rescate financiero de la Unión se hace inevitable en un periodo no superior a un año. Pero aún hay efectos más temibles.
Se están sentando las bases de una economía subvencionada cuya base será un sector privado reducido al mínimo
Se están sentando las bases de un Estado desproporcionado, para el que las derivas autoritarias y la transgresión de libertades que ya se manifiestan se convertirán en norma. Y todo ello tendrá como base un sistema productivo insostenible, en la que un sector privado reducido al mínimo tendrá que sostener a una economía subvencionada y estatalizada.
