Las nuevas previsiones de Bruselas no sólo sitúan a España como el país europeo (con la excepción de Grecia e Italia)que sufrirá la recesión más honda en 2020. Además, la Comisión alerta de que el déficit público estructural (aquél que es ajeno al ciclo económico) de nuestro país se sitúa ya en el 5,6% y aún rebasará los cinco puntos porcentuales en 2021.
Cifras así reflejan en toda su crudeza la difícil situación fiscal que ya afronta el Gobierno. No en vano estará obligado a reducir cerca de tres puntos, el año próximo, ese desequilibrio para cumplir con las exigencias europeas. Sin duda, invocar tras el recurso a mecanismos comunitarios, como el MEDE y el fondo SURE para la lucha contra el desempleo, resulta inútil, ya que el uso de este tipo de auxilios se circunscribe a los gastos sanitarios motivados por la actual pandemia. Los mismos efectos se pueden esperar de las subidas de impuestos a las que el Ejecutivo confía en su totalidad la misión de reducir el déficit. Es imposible ser optimista sobre las expectativas de recaudación de 2021. Aunque el PIB crezca por encima del 7% (como Bruselas ve probable), no logrará compensar la caída superior al 9% que se prevé en 2020. Es más, resulta ingenuo pensar que tributos como Sociedades vayan a rendir más cuando se esperan caídas récord del beneficio de las empresas.
España no está en condiciones de reducir por sí sola un desequilibrio estructural que superará el 5% en 2020 y 2021
La disminución del déficit resulta inviable, basándose en previsiones de recaudación incumplibles, unas condiciones de financiación más duras (ante la previsible limitación de los estímulos del BCE) y, sobre todo, la negativa a todo recorte del gasto público. Así lo reconoce ya la UE en sus previsiones en las que, tácitamente, ya adelanta que un rescate financiero de España será inevitable.