El nuevo Plan de Estabilidad del Gobierno revela un aumento récord del gasto público en 2020: 150.000 millones más. Resultaría ingenuo justificar todo ese desembolso aludiendo a las exigencias de la lucha contra la pandemia.
En nada contribuye a paliar la emergencia el aumento de la estructura burocrática del Estado con 11 nuevas subdirecciones ministeriales. En ese monto, se incluyen también partidas comprometidas antes del estallido de la crisis que no serán objeto de la más mínima revisión, pese a la situación de extrema gravedad aún vigente. Es el caso del alza salarial a los funcionarios superior al 2% (muy por encima, por tanto, de la inflación) y la subida, por tercer año, de las pensiones con el IPC. Y aún se añadirá más presión sobre las arcas públicas con próximas medidas como la renta mínima vital. Este mayor gasto carece de contrapartidas que lo compensen. Paradójicamente, el Plan Nacional de Reformas, también remitido a Bruselas, está ayuno de reformas estructurales que merezcan ese nombre (la racionalización de las Administraciones, el impulso a la unidad de mercado...). En paralelo, el Plan de Estabilidad no prevé ningún recorte de gasto y lo fía todo a las alzas de impuestos. En otras palabras, todos los esfuerzos que esta crisis ya acarrea (Ertes, despidos, rebajas de sueldos, recortes de facturación...) recaen sobre las empresas y los trabajadores del sector privado.
El grueso de los sacrificios que esta crisis exige los están asumiendo las empresas y los trabajadores del sector privado
La nula ejemplaridad del sector público ya constituye por sí solo un problema. Pero mucho más grave resulta el hecho de que su negativa a llevar a cabo sacrificios acordes con la actual emergencia hace imposible la reducción de los insostenibles niveles que alcanzarán la deuda y el déficit de las Administraciones.
