Minimizada por la vorágine informativa del COVID-19, el jueves nos enterábamos de que EEUU rechazaba a Navantia y otorgaba a la italiana Fincatieri el contrato para la construcción de diez fragatas por un importe de 5.000 millones de euros. Decisión que se producía después una sucesión de desavenencias entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Administración norteamericana, como la retirada de la fragata Méndez Núñez del grupo de combate estadounidense en el Golfo Pérsico o la imposición de la llamada tasa Google.
Un contrato que garantizaba carga de trabajo para los astilleros durante varios años, cuya pérdida nos va a costar cientos de puestos de trabajo en una situación económica y social en la que se están destruyendo por encima de 100.000, y que un destacado directivo empresarial y ex alto cargo de la Administración considera "la consecuencia de tener un gobierno socialcomunista y apoyar a la Venezuela de Maduro".
A este Gobierno tampoco lo consideran de fiar fuera de nuestras fronteras
Sea esta o no la principal razón, que todo influye, lo cierto es que, como estamos viendo en la negociación de las ayudas de la UE, este gobierno no es fiable para casi nadie, y tampoco fuera de nuestras fronteras. El FMI, el BCE y la propia Unión han concluido que el gobierno español les ha engañado en el cuadro macroeconómico como ha hecho con el déficit.
Y ni siquiera sus correligionarios europeos se fían de Sánchez. Ahí están las declaraciones del primer ministro sueco Steven Löfven, del ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, o su colega danés, Jeppe Kofod, socialistas todos, quienes coinciden en asegurar que "no apoyamos la propuesta española de subvenciones" y supeditan las ayudas "a cumplir condiciones exigentes de eficiencia y reembolso" y "avanzar en la consolidación fiscal", es decir a ceder más soberanía en el control de los ingresos y del gasto público. Y no es capricho ni tampoco insolidaridad. El citado Olaf Scholz recuerda que mientras Alemania ha bajado su deuda del 60% "hay otros que no lo han hecho y parten del 100% ahora".
Aun dando por buenas las previsiones del Programa Presupuestario de las ministras Calviño y Montero, la deuda pública española llegará este año hasta el 115,5% del PIB – los analistas aseguran que pasará del 120- y el resto de indicadores nos abocan a un auténtico naufragio económico con una caída del PIB del 9,2%, un déficit público del 10,34%, una caída de ingresos del 5,9% que se traduce en 2.600 millones de euros menos y una tasa de paro que se disparará hasta el 19% superando los 4,5 millones de parados. Cifras escalofriantes que superan con creces el desastre del año 2009, en plena crisis financiera, cuando la caída del PIB llegó al 3,6%, casi tres veces menos que el previsto para este año; mientras que el déficit se elevó al 11%, la pérdida de ingresos públicos fue de 70.000 millones, casi cuatro veces menos que la estimada para 2020 y la tasa de paro cerró en el 18,8%. Una comparación que indican casi inexorablemente a que Sánchez se verá obligado a pedir el rescate a Europa una vez pase el verano.
Y con este escenario, este Gobierno de los 22 ministros – el mayor de toda la historia de la democracia- aprobaba en el último Consejo de Ministros, camuflado entre el plan de la desescalada, el nombramiento de 23 nuevos cargos públicos o lo que es lo mismo más amigos y enchufados a chupar de la teta del Estado. Esta es su política social y su manera de solidarizarse con los desfavorecidos, los desempleados, los afectados por los Erte, los autónomos y su esfuerzo para contribuir a la reconstrucción. Por sus hechos los conoceréis, que dicen las Sagradas Escrituras. Y, a pesar de todo, todavía hay muchos ciegos que ni se enteran ni lo quieren ver.
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