El PP acude hoy al Congreso con intención, por primera vez desde que se declaró la actual crisis, de no apoyar todos los decretos de emergencia que el Gobierno presenta. Ese giro pierde efecto real si se examina cómo los populares repartirán sus votos.
Su rechazo al parón de la actividad productiva está descontado, pero no cabe esperar mucho de él, ya que la parálisis queda sin efecto la semana próxima. Además, debe recordarse que varios barones del partido abogaron por medidas semejantes en sus territorios sin ser reprendidos por Génova.
En segundo lugar, era previsible también el rechazo al endurecimiento del despido por causas vinculadas a la epidemia. Sin embargo, el grupo parlamentario de Pablo Casado se conformará con abstenerse en la votación del último macrodecreto social. Así, permitirá que prospere una medida tan grave como la apropiación unilateral, por parte del Ejecutivo central, de los fondos para políticas activas de empleo que son competencia exclusiva de las autonomías.
El PP desaprovecha la oportunidad de unirse al PNV en su rechazo a esta arbitrariedad, que daña a los territorios que los populares gobiernan. No sirve de excusa aducir que en el mismo decreto se incluyen otras medidas, como las moratorias hipotecarias. El PP debería insistir en que estas ayudas se tramiten en proyecto de ley y se puedan introducir enmiendas. Lo que ocurrirá, sin embargo, es que esta formación seguirá aferrada al perfil bajo que le caracteriza desde el inicio de la crisis. Las medidas del Gobierno exigen una labor de oposición muy diferente, no solo por los clamorosos fallos, demoras e insuficiencias del Ejecutivo. Urge, sobre todo, por el riesgo de deriva a posiciones extremistas inaceptables en un Estado de Derecho y en una economía de mercado.
