El Gobierno permitirá emplear en la recogida de cosechas a personas que se quedaron sin trabajo en la actual crisis. Es una iniciativa necesaria para evitar que se pierdan toneladas de alimentos.
Ofrece, además, un valioso recurso para reciclar a parados del sector servicios que, dada la hondura de la actual crisis, no recuperarán sus antiguos empleos. Sin embargo, lejos de considerar las necesidades del campo, impone una fuerte limitación a la movilidad de los nuevos temporeros que dejará zonas desatendidas. Más llamativo aún resulta que personas bajo contrato, que cobrarán según convenio, puedan seguir percibiendo su prestación por paro. El sistema de protección, en un mercado laboral que ya registra un récord de desempleados, no se puede permitir ese lujo.
