Las presiones del vicepresidente Iglesias hacen que el Gobierno vuelva a plantearse una moratoria en el pago de alquileres residenciales. Si se aprobara, sería muy ambiciosa en cuanto al número de personas que ampararía, ya que en principio incluye desde afectados por Ertes a personas con hijos y mayores a su cargo.
Además, su duración sería de un mínimo de dos meses. Es cierto que se prevén compensaciones para los propietarios, pero todo apunta a que serán ínfimas (un 5%) para los grandes tenedores de viviendas, lo que amenaza con borrar el gran atractivo que la inversión en el sector del alquiler muestra para fondos nacionales y extranjeros. El mercado de los arrendamientos pagará así muy caro la concesión que Podemos quiere arrancar al PSOE.
