Agricultura ha hecho públicos los cambios que hará en la Ley de la Cadena Alimentaria para solucionar los problemas que vive el sector agrícola. Las modificaciones plantean importantes dudas.
Sin duda, su afán de prohibir la venta a pérdidas no es tan sencilla como se plantea en la teoría. La UE es taxativa a la hora de exigir que este veto no se aplique en bloque sino que se justifique caso por caso. Pero más polémico aún es el propósito de que en los contratos entre agricultores y distribuidores se consignen los "costes de producción" y se tomen como "elemento mínimo" para la fijación de precios. Es comprensible el recelo de la industria alimentaria ante un baremo que puede afectar de forma clara a la capacidad de competir de un sector en el que los márgenes son ya muy estrechos.
