La próxima reforma del sistema de financiación es el pretexto que Hacienda utilizará para implantar una armonización, a escala nacional, de los impuestos de Sucesiones y Patrimonio. Bajo ese término se esconde la intención de complacer la tradicional reivindicación de los barones socialistas de acabar con la bonificación, del 100%, que Madrid aplica sobre esos tributos y que otros territorios como Andalucía quieren imitar.
Con la llamada armonización de la ministra Montero sólo se conseguirá la supervivencia de dos impuestos anacrónicos, que castigan la mera posesión de riqueza o su simple cambio de titularidad. Puede ser incluso la chispa que desencadene un importante conflicto legal. No en vano la Constitución misma reconoce un amplio margen a las autonomías para elevar o suprimir figuras tributarias transferidas. A la espera del desenlace de ese conflicto, lo que sí puede afirmarse ya es que, si triunfan las tesis de Hacienda, tendrán un alto coste. Una primera estimación siúa en un promedio de 2.000 euros al año, para cada madrileño, la cuantía en la que se verán incrementadas sus obligaciones fiscales.
La armonización de Sucesiones y Patrimonio impide a las CCAA más eficientes sacar legítimo provecho de esa ventaja
Pero los daños van a ser todavía más cuantiosos en lo que concierne al modo en que se verá quebrantado el legítimo afán de los Gobiernos autonómicos por atraer empresas e inversiones a su territorio. Servirse de las ventajas y las bonificaciones fiscales, guiados por esa meta es una estrategia acorde no solamente con la razón de ser del Estado de las autonomías. También se encuentra en la raíz misma del proceso de integración europeo. Debería respetarse el derecho de los territorios cuya gestión es más eficiente a sacar el máximo provecho de su mayor competitividad.
