Si fue la política quien terminó con Mariano Rajoy será la economía quien termine con Pedro Sánchez, como dice mi buen amigo José Antonio Zarzalejos. Y todos los datos apuntan por ahí. El gobierno lleva dentro el germen de su destrucción. Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), apoyados activamente por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quieren terminar con la reforma laboral de Fátima Báñez. La que ha permitido crear dos millones de empleos e iniciar un "círculo virtuoso que comenzó en 2014 y que se ha prolongado hasta hoy. En la medida en que el poder sindical tome las riendas empezará a crecer el paro y se producirá un "círculo pernicioso" que pondrá fin al ciclo de crecimiento.
La razón es simple. Cuando se abaratan los costes y se flexibiliza el mercado laboral se crea empleo. Entonces se incrementan los ingresos del Estado porque hay más trabajadores que pagan impuestos y cotizaciones sociales. Por el contrario, cuando suben los costes laborales y se dificulta el despido se frena la contratación y sube el paro. El Estado y la Seguridad Social recaudan menos y se incrementan los gastos públicos porque hay que pagar el seguro por desempleo. Esto incrementa el déficit público y, por tanto, la deuda por lo que hay que destinar más recursos a pagar intereses. Así es como se pierde la confianza de los inversores y la economía se estanca.
Es por esta razón por la que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, apoyada por Bruselas, el FMI y el Banco de España, trata de poner un poco de sensatez. Pero es una batalla que tiene perdida. Es como la película de George Lucas La amenaza fantasma (1999). Todos los gobiernos desde la restauración de la democracia han tenido que soportar una o varias huelgas generales cuando han querido flexibilizar el mercado laboral. A quien no le harán ninguna es a Pedro Sánchez, porque se plegará a todo lo que le exijan los sindicatos y sus socios de Podemos.
Esto significa reimplantar la "ultraactividad" de los convenios, aunque no exista en otro país de Europa; encarecer y judicializar el despido; y priorizar los convenios sectoriales sobre los de empresa. En definitiva, devolver a los sindicatos el poder que perdieron hace ocho años y que permitió relanzar la inversión y el empleo gracias al duro ajuste interno que afrontaron las empresas.
Existen pocas dudas de que Unai Sordo y sobre todo Pepe Álvarez son los dos auténticos "ministros en la sombra" que más influyen en el presidente y en el vicepresidente. Les temen. No tanto por su capacidad de movilización sino de deslegitimación. Los sindicatos por su propia naturaleza tienen un cierto carácter corporativo. Defienden a quien representan y éstos, no nos engañemos, son los trabajadores ocupados, aunque tal defensa pueda afectar negativamente al desocupado. La pregunta es si tiene que ser el Gobierno quien saque las castañas del fuego a unas organizaciones que deberían modernizarse y conseguir por sí mismas la influencia que han perdido entre los trabajadores ocupados.
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