La nueva rebaja en los requisitos para acceder a los subsidios del PER no es el único gesto que el Gobierno prepara para afrontar la crisis que sufre el campo español. Para esta semana, el Ejecutivo baraja también la propuesta de poner un tope máximo al pago de cotizaciones sociales, ligadas al salario mínimo interprofesional (SMI), de los afiliados al Régimen Agrario de la Seguridad Social.
Se busca de este modo, paliar el daño que las precipitadas subidas del SMI, casi un 30% en tan sólo dos años, han provocado en un sector tan intensivo en mano de obra como el rural. Sin duda, una rebaja en los costes laborales de esta actividad será bienvenida, pero conviene no exagerar el alcance de la medida. Las empresas agrarias van a seguir obligadas a pagar un salario neto más alto a sus trabajadores. La posible bonificación no se aplica sobre los 950 euros mensuales en los que ha quedado fijado el salario mínimo para 2020. Tiene vigencia en realidad sobre la diferencia entre esos 950 euros y el total de 1.108 euros al mes (cuantía de la nueva base mínima de cotización) efectivamente abonados por el empresario por cada uno de sus trabajadores.
El sector necesitará de medidas que vayan más allá de bonificar las cotizaciones sociales ligadas al salario mínimo
Es más, dado que los planes del Gobierno pasan por continuar subiendo el SMI, hasta 1.200 euros al final de la legislatura, las firmas agrarias tendrán que seguir repercutiendo estos avances del salario mínimo neto que percibe el trabajador, aunque las cotizaciones queden congeladas en los próximos años. Pero, además, debe tenerse también en cuenta que no se aborda otro de los problemas medulares del campo, como es la fijación de precios en la cadena de distribución. Los vacíos de la ley que regula esta actividad impiden solucionar esta cuestión.