De entre las muchas medallas que el presidente del gobierno y sus ministros se auto imponen cada semana, la más sobresaliente es la que les concede el título de reyes del diálogo, que nunca ha existido en nuestra democracia hasta la llegada del primer ejecutivo de coalición progresista.
Los Pactos de la Moncloa fueron sueños colectivos. El empeño es loable porque nadie puede discutir que se utilice el intercambio de pareceres y su contraste para resolver los muchos problemas que tiene este país, el más importante el de su propia integridad ante el ataque organizado de una parte de los catalanes.
La defensa de este instrumento racional de los seres humanos como bien supremo le lleva al gobierno a colocarlo incluso en un en un plano superior a la ley, con esa frase inenarrable, cocinada en la fontanería de la presidencia, que afirma que en el conflicto político de Cataluña, "con la ley no basta". O aquella otra: "La ley es la condición, pero el diálogo es el camino". Si no se dijera más, la interpretación sería muy libre sobres estas dos afirmaciones posmodernas, pero es que vienen acompañadas de un menosprecio evidente a la justicia, de palabra y con hechos, por parte de los miembros del ejecutivo. Pedro Sánchez llegó a hablar de la "deriva judicial" en su investidura, y cree que hay que superar la vía de la justicia para otorgar sólo al diálogo el papel resolutorio en el alzamiento de las instituciones catalanas contra la Constitución.
Pero dado que ese es el empeño, aceptemos por un momento el juego retórico. ¿Sobre qué se plantea el diálogo? Sánchez propone dialogar con Torra, para conseguir el "reencuentro" anhelado, sobre la forma de darle mayor autogobierno, sobre cómo darle más dinero (4.000 millones) a la Generalitat machacando al resto de autonomías; sobre el proceso para dotarle de una nueva ley de educación que profundice en la inmersión contra el idioma español; sobre la manera legal de ampliar la subvención pública a la televisión autonómica catalana, que se merece debido a su imparcialidad y su buen hacer periodístico. En total 44 puntos que según el actual Pedro Sánchez, tan distinto al de épocas anteriores, son déficits crónicos y agravios que sufre la población de ésta región española.
Esas son las propuestas con las que se presentó el jueves en el Palau de Sant Jaume para ser recibido como jefe de un Estado extranjero. Pero sus interlocutores le fuerzan en cambio a dialogar sobre la soberanía del pueblo catalán, sobre su derecho de autodeterminación, sobre la organización de un nuevo referéndum, sobre el final de "la represión" que el Estado ejerce en Cataluña y sobre la amnistía para los presos del procés. De eso se hablará realmente en la mesa de diálogo que empezará antes de que acabe el mes.
¿Qué diferencia el diálogo que el actual gobierno emprende, con incierto final, del que aceptó el anterior ejecutivo presidido por Rajoy? Aquel amago de acercamiento que su vicepresidenta llevó a cabo en el curso político 2016-17, en el que incluso se le vio compartir escenas bucólicas con el hoy condenado Oriol Junqueras. Rajoy no aceptó crear mesas bilaterales para discutir sobre el derecho de autodeterminación y en cada una de sus comparecencias explicó que no podía dialogar con nadie sobre la liquidación del país, porque la decisión de alterar su unidad les corresponde únicamente a sus ciudadanos. Cometió todos los errores que han contribuido a hacer más difícil esta situación enquistada, pero no aceptó una negociación sobre España.
El diálogo que Sánchez ha prologado en su incalificable reunión con el inhabilitado Torra, y que empezará solemnemente con ambos cortando la cinta de la "mesa bilateral", ha permitido ya que un dirigente que se ha burlado de la justicia española desobedeciendo sus resoluciones con total impunidad, diga delante del presidente del gobierno que en España hay represión, que hay exiliados o que no es una democracia plena. E insista cada día en que él y sus amigos antiespañoles volverán a cometer el golpe institucional que dieron en el otoño de 2017, con la inestimable colaboración de una reforma del Código Penal para convertir en anecdótico el delito que han cometido, el de sedición.