La Agenda para el reencuentro que el presidente Sánchez presentó a la Generalitat abre la puerta a un desembolso de 4.200 millones en Cataluña. Es el resultado de sumar su compromiso de respetar los mínimos de inversión en infraestructuras que marca el Estatut más unas inversiones adicionales en El Prat o en las cercanías ferroviarias.
La fácil disponibilidad de estas partidas choca con los apuros que las autonomías hallan para que se les pague 2.500 millones en concepto de IVA. Dichos recursos no son un extra sino una liquidación pendiente desde 2017. Es difícil de comprender este doble rasero del Gobierno. Es más, lejos de aportar una solución, dota de más argumentos a los territorios que amenazan con acudir a los jueces para obtener un dinero que es suyo.