Madrid y Andalucía se unen para querellarse contra el Estado, por los pagos que aún adeuda a las autonomías, derivados de la recaudación del IVA. Es la respuesta a la oferta que les hace Hacienda de renunciar a este desembolso, pendiente desde 2017, a cambio de suavizar su objetivo de déficit.
La resistencia andaluza y madrileña ( a la que puede sumarse la propia de territorios de diferente signo político) es sensata. Hasta ahora, el Gobierno se había comprometido a hacer esos desembolsos y las autonomías ya los habían presupuestado. Se trata, por tanto, de unos recursos ya comprometidos para cubrir determinados costes y pagar deudas. Con medidas como suavizar las metas de déficit no se consigue saldar esas obligaciones. Lo único que se logra es retrasarlas más.