La coalición de Gobierno entre PSOE y Podemos ha despertado de nuevo los temores a que reciban carta blanca los planes de perseguir a las sociedades de inversión de capital variable (sicav). La incertidumbre es ya tan real que la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, habló con claridad de las ofertas que hace a sus clientes de banca privada para que trasladen estos vehículos a Luxemburgo.
Se trata de una opción plenamente legítima. Nada hay que reprochar en una actitud tan lógica como es deslocalizar una sicav, y reubicarla en uno de los múltiples países de nuestro entorno en los que estas sociedades no sufren ningún tipo de persecución normativa o fiscal. Así lo puso de manifiesto, también esta misma semana, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, quien avisó de las perniciosas consecuencias que tendrá este fenómeno en caso de generalizarse. En concreto, Albella señaló que, si estos vehículos dejan de tener nacionalidad española, su disposición a invertir en valores de nuestro país será mucho menor. Pero aún se pueden producir daños más amplios. Se equivocan quienes creen que las sicav es un vehículo al alcance solamente de los llamados ricos. Muchos ahorradores ven oportunidades de acceder a ellas ya que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y ofrecen una rentabilidad atractiva y bajos costes de gestión.
Es legítimo que sus titulares las deslocalicen si se se ven perseguidas noramtiva y fiscalmente en nuestro país
Resulta injusto vedarles esta alternativa bajo el argumento falaz de que están privilegiadas fiscalmente. Lo cierto es que su gravamen del 1% en Sociedades (hasta que se venden las participaciones) es igual a la que rige en los fondos de inversión. No hay base, por tanto, para someterlas a una demonización guiada sólo por motivos ideológicos.
