Uno de los debates más encendidos en la política actual es el peso relativo del sector público y del sector privado en una economía moderna. Como en casi todas las áreas polémicas, en los últimos tiempos, predominan las posiciones radicales, casi irreconciliables, a la hora de abordar esta cuestión. Por un lado, tendríamos los extremistas de lo privado. Según esta visión, las Administraciones lo hacen todo mal: gestionan mal los recursos, todos los empleados públicos son indolentes, todas las regulaciones son un estorbo y los impuestos son una transferencia coactiva desde aquellos que trabajan y crean riqueza hacia un sector público que es un parásito de la economía.
En el otro extremo, tendríamos a los talibanes de lo público. La propiedad privada es un expolio a la gran mayoría de la población, la economía de mercado solo sirve para enriquecer a unos pocos a costa de los trabajadores y consumidores, el beneficio empresarial es ilegítimo porque procede de la explotación de los trabajadores, y las grandes empresas son las peores de todas porque utilizan su tamaño para influir en la actividad pública que logran manipular. La solución para esta injusticia y desigualdad es que aumenten las actividades y servicios directamente gestionados por las administraciones, elevar los impuestos, aumentar la regulación para reducir el ámbito de actuación de las empresas y limitar los derechos de propiedad.
Es falso que un alto peso del sector público impida el crecimiento y el desarrollo
Estas posiciones se podrían resumir en que los primeros tienen la presunción de que todo lo público es dañino y lo privado bueno y eficiente y, los segundos, precisamente lo contrario. Estos enfoques extremos siempre han estado presentes en el debate público. Lo nuevo es que ahora, al radicalizarse la lucha política, forman parte del discurso de formaciones políticas que ocupan una parte cada vez más amplia de los arcos parlamentarios.
Y, sin embargo, los datos desmienten ambas posiciones extremas. Si fuera verdad que un peso elevado del sector público impide per se el crecimiento y el desarrollo económico, entonces carece de explicación que países como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca o Austria, se encuentren entre los países más prósperos, tecnológicamente avanzados y dinámicos del mundo. Todos estos países sitúan su gasto público respecto al PIB en el entorno o por encima del 50% del PIB y, además, lo llevan haciendo durante décadas. Para financiar este enorme gasto público acuden a una presión fiscal elevada.
Pero esto no da la razón a los detractores de lo privado. Francia, Italia y Bélgica también presentan un elevado gasto público, no muy distintito al de los países nórdicos y, consiguientemente, unos impuestos elevados para financiarlo. Pero el resultado no es el mismo: estos países han perdido en las últimas décadas posiciones en términos de renta per cápita, competitividad y dinamismo respecto a otras economías avanzadas. Además, para muchos analistas, el gigantesco sector público es en parte responsable de estas ineficiencias. Por el contrario, Canadá, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Suiza tienen sectores públicos más pequeños e impuestos más bajos, y nadie duda de que se trata de sociedades tan o más prósperas y dinámicas que las nórdicas.
Para que la economía funcione se necesita una autoridad que garantice el orden
La conclusión que obtenemos es que el tamaño del sector público y sus correspondientes impuestos no es, por sí mismo, ni la causa, ni la solución de los problemas económicos o de la prosperidad de los países, sino que el papel que debe desempeñar el sector público en cada país responde a cuestiones más complejas que una simple y demagógica cuestión de tamaño.
En primer lugar, es un hecho que el sector público y el privado no son sustitutivos y, menos aún, sustitutivos perfectos, sino que tienen un importante grado de complementariedad. Es decir, no puede existir el uno sin el otro. Para que la economía de mercado funcione es preciso una autoridad que, al menos, defina los derechos de propiedad, garantice el cumplimiento de los contratos, mantenga el orden público y la seguridad externa e interna, y, realice y conserve las infraestructuras esenciales. Ningún país ha privatizado sus parlamentos, su ejército, su policía o sus jueces. Simultáneamente, no existe ninguna nación próspera cuyo sistema económico básico no sea la economía de mercado. Los experimentos en sentido contrario se han saldado con un estrepitoso fracaso que han dejado un rastro de pobreza, violencia y destrucción de las libertades individuales.
Por tanto, una vez establecido que sector público y privado son necesarios simultáneamente y que se complementan entre sí, queda por establecer quién hace qué. Las funciones básicas del Estado, esto es, defensa, diplomacia, justicia, orden público e infraestructuras básicas, junto a una Hacienda Pública para financiarlas, las realiza, en todos los países, el sector público, aunque, en el caso de las infraestructuras, cabe una gestión privada de las mismas. En cuanto a la educación, en todos los países, es el Estado quien fija las líneas básicas de la política educativa y, a su vez, convive una educación pública con una privada más o menos amplia. En materia de pensiones, hay una mayor divergencia de sistemas y de coberturas, aunque en todas partes existe un cierto mínimo obligatorio de contribuciones y de prestaciones fijadas por el poder público. En cuanto a la sanidad, aquí todavía los modelos discrepan más: desde una sanidad fundamentalmente pública en su gestión como el Reino Unido, hasta sistemas generalizados de seguro médico de producción privada como Alemania.
Cada país elige su modelo en función de sus características, su historia y lo que cree que es mejor y más eficiente. La clave no está en si un servicio se gestiona desde el sector público o el privado, sino quien lo hace mejor en un país concreto. Lo importante es que continuamente se evalúe la eficiencia del gasto, que se introduzcan los incentivos adecuados y se aprenda de la experiencia y de las mejores prácticas en otros países. Esto es lo que debe determinar que un determinado servicio o bien público sea producido directamente por las administraciones públicas o gestionado por el sector privado.
Entidades
