El Gobierno mantiene la batalla con Murcia por el pin parental y conmina a esa autonomía a retirarlo en un mes. Pero debería ser el Ejecutivo central el que reconsidere su actitud respecto a este mecanismo, que permite a los padres decidir sobre las materias que reciben sus hijos por parte de personal externo a los colegios.
Esta elección (que ya se estudia en otras partes del mundo como California) se ampara en un derecho fundamental. Es el recogido en el artículo 27.3 de la Constitución, relativo a la libertad de los padres para elegir la "formación acorde con sus convicciones". No se busca, por tanto, someter a los colegios al arbitrio de vetos procedentes de los progenitores. Se trata sólo de que estos últimos puedan decidir cómo quieren educar a sus hijos.
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