España vio en 2019 dispararse sus costes laborales por causa del alza del 22% en el salario mínimo interprofesionales y por las subidas de sueldos de media muy superiores al IPC pactadas en la negociación colectiva. Como resultado, el desembolso que las empresas hacen derivado de sus empleados lleva casi un ejercicio entero creciendo más de un 2% mensual.
Este fuerte avance no impacta por igual en todas las autonomías. Las comunidades forales (País Vasco y Navarra), Cataluña y Madrid pueden tolerar aún un rápido avance de los salarios gracias a la alta competitividad que caracteriza a sus economías, ya que concentran gran parte de las industrias y servicios españoles de mayor valor añadido. Completamente opuesta es la realidad en el resto del territorio nacional. Estas autonomías tienen que seguir conteniendo sus salarios si no quieren ver totalmente perdida la ganancia de músculo exportador que lograron en la última década. De hecho si la competitividad promedio del conjunto de España creció un 5,2% en 2018 respecto al año anterior se debió en gran parte al esfuerzo hecho por esas regiones.
El impacto del alza de los costes laborales está abriendo una mayor brecha entre autonomías 'ricas' y 'pobres'
El problema radica en que la tradicional brecha salarial entre autonomías ricas y pobres se está ensanchando. Y existe el riesgo de que esa diferencia alcance niveles históricos, si siguen sucediéndose medidas que incrementen los costes laborales. Es el caso de la ya comprometida alza del SMI hasta los 1.200 euros mensuales en este legislatura. No debe minusvalorarse este fenómeno. Una brecha salarial extrema ahondará el desequilibrio en renta per cápita y en crecimiento económico entre los diferentes territorios y creará dos Españas muy diferentes en términos de desarrollo.