"Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad". (Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu)
La separación de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), dígase lo que se diga sobre el pensamiento de Montesquieu, representa un antídoto contra las tendencias dictatoriales que siempre sobrevuelan sobre el poder Ejecutivo, y también es muy útil contra las debilidades que a menudo tiene también el ejecutivo.
Esto último lo hemos podido comprobar cuando los dos primeros poderes fueron incapaces de pararle los pies a quienes dirigieron el levantamiento en Cataluña y el Poder Judicial les tuvo que poner en su sitio: en la cárcel, que es donde tienen que acabar los delincuentes. En efecto, los separatistas catalanes se subieron al monte pensando que nadie sería capaz de pararles en su deriva y se basaban en hechos ciertos, tan monstruosos como fue el primer referéndum, tolerado vergonzosamente por el Gobierno de Rajoy.
El nombramiento de Delgado como Fiscal General del Estado no anuncia nada bueno
La investidura de Sánchez y sus pactos con Podemos, ERC y Bildu presagian un Gobierno de navegación tan procelosa como peligrosa. Procelosa porque el separatismo del procés decidió hace ya tiempo sacar la política a la calle y allí mantenerla:
"Si los catalanes queréis ganar, tenéis que polarizar mucho más, escalar mucho más, y aceptar altos niveles de sacrificio".
Son palabras de Torra y, según ha escrito Antonio Fernández en El confidencial, son teóricos del activismo como Sharp o Engler quienes inspiran el separatismo catalán.
"La violencia –avisan estos "teóricos"- puede conseguir algún hito a corto plazo, pero a largo plazo reduce la participación y creciendo reduce el apoyo de terceras partes y no promueve el cambio de lealtad de las fuerzas represivas".
Desde los intereses de la Democracia Española habría que derrotar a la actual generación de líderes separatistas y tras su derrota "dialogar y pactar" con otra generación ya escarmentada, pero no es eso lo que pretende hacer Pedro Sánchez, cuyo objetivo a todas luces es alcanzar un pacto de largo recorrido con ERC, vía Iceta. Un pacto que pasaría por torcerle la mano al Tribunal Supremo y, en general, al Poder Judicial, dejando en la calle a los actuales presos y huidos. Indultos y "reparaciones" que serán exigidas en esa mesa donde se sentarán, de igual a igual, los dos Ejecutivos en cuyas sesiones el Gobierno de España está destinado a bajarse una vez más los pantalones mientras el Gobierno catalán se pone las botas. Esa mesa, según lo acordado entre ERC y Sánchez, se reunirá dentro de 15 días y en un lado de ella estará Torra, desposeído de su cargo por el Tribunal Supremo, que al sentarse en ella será reconocido como presidente de la Generalidad por el Gobierno.
Este proyecto lleva –yo diría que inexorablemente- a un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial y, en este sentido, el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General no anuncia nada bueno. Una de las peores cosas que le pueden pasar a este país es un enfrentamiento Gobierno versus Judicatura a causa de los separatistas, que ya se estarán frotando las manos mientras aguardan ese choque de trenes.
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