Recientemente, diferentes instituciones nacionales e internacionales han opinado sobre la economía española. El Banco de España, la Comisión Europea y la OCDE, por citar solamente instituciones públicas, coinciden en la desaceleración de la economía española y en la ralentización de la creación de empleo en el último trimestre y para el ejercicio que viene. Igualmente, y como consecuencia, han venido empeorando sus previsiones en lo que respecta al déficit público español y al peso de nuestra deuda pública.
Las previsiones económicas no son optimistas a medio plazo con indicadores que marcan caídas a tres años vista
Especialmente significativo, en este sentido, es el Paquete de Otoño de la Comisión Europea que concluye que España sufre "desequilibrios macroeconómicos", con una de las tasas de paro más altas de la UE y con un déficit y una deuda pública que no acaban de reducirse. Este es el escenario. No es optimista pues las previsiones a tres años marcan caídas en todos los indicadores, pero tampoco se puede considerar claramente negativo; sin embargo resulta necesario trabajar con la mente clara, para crecer y crear empleo, con objetivos definidos y no contradictorios. Por mucho que resulte atractivo adoptar una medida concreta han de tenerse en cuenta sus posibles efectos colaterales sobre el conjunto. En este contexto hay algunas cuestiones que destacan sobre otras y que, entiendo, forman parte de los retos a los que hay que hacer frente.
En primer lugar, el paro que ha estado casi ininterrumpidamente en todos los barómetros del CIS desde los ochenta a la cabeza de los problemas de los españoles y que en el de noviembre era señalado como uno de los tres primeros en más del 60 por ciento de los cuestionarios.
No es de extrañar, puesto que aunque estamos lejos de los peores momentos de la crisis, en donde llegamos a unas tasas de paro del 23,7 por ciento de la población activa según la EPA, el paro registrado a fínales de noviembre ascendía a 3,2 millones de personas, en el entorno del 14 por ciento. Además, la composición por sexo y edad es muy desigual. En tanto que los hombres tienen una tasa de desempleo del 12,3 por ciento las mujeres la tienen del 16,4 por ciento y los menores de 25 años del 32,8 por ciento. Es por esto la amonestación de la Comisión Europea que señala el desempleo como uno de los principales problemas estructurales de España y una situación que nos separa significativamente de los países de nuestro entorno con tasas de desempleo que oscilan entre el 3,1 por ciento de Alemania y el 9,7 por ciento y 8,5 por ciento de Italia y Francia.
Algo tiene el mercado de trabajo español que no se da en otros países y que requiere de medidas estructurales que nos alineen con nuestros vecinos. Hay que eliminar trabas a la contratación, impulsar medidas que incrementen la productividad de las empresas, que son las principales empleadoras y así incrementar su competitividad y no tomar decisiones que vayan en sentido contrario. Sería muy deseable que las medidas a tomar se contrasten y vinculen con los objetivos a alcanzar, que en este campo no debe ser otro que disminuir el paro pues el empleo es el primer derecho de los trabajadores. Es por eso que no son adecuadas las medidas que incrementen los costes laborales de las empresas sin aparejar los correspondientes incrementos de productividad, dado que sólo traerían como consecuencia pérdidas de competitividad y por tanto de cuota de mercado con los correspondientes efectos de destrucción de puestos de trabajo. En este último trimestre ya hemos tenido alguna muestra de ello.
Las pensiones es uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos según el CIS
Igualmente, según el CIS, la preocupación por las pensiones se encuentra en máximos históricos. España tiene un sistema público de pensiones generoso que funciona por el sistema de reparto, es decir que los trabajadores en activo financian con sus cotizaciones la nómina de los pensionistas.
La preocupación tiene una doble cara: de una parte los pensionistas demandan la indexación de sus pensiones con la inflación con manifestaciones en la calle, al margen de cualquier estudio proyectivo y, de otra, cualquier análisis a medio y largo plazo del sistema llega a la conclusión de que con los parámetros actuales, la pirámide poblacional española y el alargamiento de la esperanza de vida el sistema se hará insostenible en no demasiado tiempo. Adicionalmente, el sistema de reparto hace que el futuro de las pensiones este íntimamente unido a la situación laboral del país, por lo que cualquier solución que se le aporte debe estar integrada en la solución global al empleo en España.
De acuerdo con los últimos datos del Ministerio, a finales de noviembre el número de pensiones ascendía a 9,78 millones, con un importe mensual de 9.735 millones de euros. Por otra parte, según el Plan Presupuestario para 2020 enviado a Bruselas, que se ha quedado a estas fechas obsoleto pero que sirve de referencia, del déficit público declarado del 2 por ciento, 1,2 puntos porcentuales correspondían al déficit del Sistema de Seguridad Social. Sistema que a finales del tercer trimestre de este año tenía un endeudamiento 52.445 millones de euros con un incremento interanual del 54 por ciento. Sirvan estos datos para remarcar la gravedad del problema, que afecta a muchísimos españoles, que lastra nuestras finanzas públicas y que es objeto de amonestación europea. Y que, como decía, necesita como condición necesaria llevar a cabo políticas que generen crecimiento y empleo, aunque esta condición no es suficiente.
En 1995, los distintos partidos políticos, en el Congreso se pusieron de acuerdo para trabajar conjuntamente en la solución de los problemas estructurales del Sistema. Es el que se denominó Pacto de Toledo que demandaba, entre otras cuestiones, la exclusión de la controversia partidista.
La situación actual tiene la suficiente gravedad para que esos trabajos se aceleren y se determine con una perspectiva de medio y largo plazo cuáles son las reformas necesarias que aporten sostenibilidad al Sistema, sin menoscabo para los derechos de los actuales pensionistas, preservando los correspondientes a los pensionistas futuros y con especial cuidado para no ser un lastre para el crecimiento de nuestra economía ni para la generación de empleo. En tercer lugar el crecimiento. España sigue creciendo, pero con tasas decrecientes para los próximos años que, además, empeoran las perspectivas que se tenían hace unos meses.
El crecimiento es la causa y el efecto que se relaciona con el resto de las cuestiones económicas que estamos tratando y se ve afectado tanto por la situación exterior como por los problemas estructurales a los que hacía referencia y las hipotéticas medidas que se adopten para solucionarlos. El crecimiento genera empleo, el empleo financia el sistema público de pensiones y, a través de los correspondientes ingresos fiscales, ayuda a equilibrar las cuentas públicas financiando, además, los servicios públicos de los ciudadanos.
El sector exterior fue lo que nos permitió salir de la crisis de 2008
De la crisis del 2008 comenzamos a salir gracias al sector exterior, porque nuestras empresas se internacionalizaron y buscaron fuera el mercado que no encontraban dentro de nuestras fronteras haciendo un gran esfuerzo para ganar en competitividad. Este es el camino a seguir, a pesar de los problemas actuales en el comercio internacional.
Aparentemente, el Gobierno fía nuestra senda de crecimiento al dinamismo de la demanda interna pero, como ha alertado recientemente el Banco de España, la propensión al consumo es mucho más elevada cuando proviene del empleo que de los incrementos salariales, por lo que éste es un factor a tener en cuenta. Hay que preservar la competitividad de nuestras empresas, no renunciar al sector exterior y, como ya señalé, sopesar muy bien las medidas relativas al salario mínimo u otras que incrementen el coste del factor trabajo que pueden llevar al efecto contrario al hipotéticamente buscado provocando el deterioro de las empresas, la consiguiente destrucción de empleo y sus efectos sobre la creación de riqueza.
Por otra parte estamos en Europa y debemos cumplir con nuestros compromisos fiscales. España ha rebajado su déficit público por debajo del 3 por ciento, pero mantiene la deuda, expresión de los déficit acumulados, en el entorno del 100 por ciento de nuestro PIB, siendo, también, esta circunstancia causa de amonestación por la Comisión Europea.
La política fiscal es la principal herramienta de política económica en manos de los gobiernos que, como el español, no cuentan con política cambiaria ni monetaria. Además de atender a los servicios públicos esenciales, debe ser un estimulante para el crecimiento de la economía, no solo por la calidad del gasto público, en España se encuentra por encima del 40 por ciento del PIB, sino, también por su cantidad. Es decir que debe permitir el desarrollo de la capacidad para crear riqueza del sector privado.
Asimismo, como la otra cara que es de la política fiscal no se debe olvidar la política tributaria. Los impuestos no son neutrales y, además de aportar recursos para financiar los gastos, tienen efectos directos sobre la economía y las actividades que gravan; la recaudación es el producto de los tipos impositivos sobre las bases a los que se aplican y no deben perjudicarlas pues, entonces, el efecto final puede ser justo el contrario del perseguido. Nuevamente es una cuestión de calidad y de cantidad.
Este es el reto para el próximo año en el que se plantean opciones muy diferentes a las que se venían aplicando en materia de gastos e ingresos públicos. Si las elegidas no generan crecimiento y empleo serán altamente nocivas para todos los españoles.
Cuestión diferente pero no por eso menos importante, es recordar que la buena gobernanza que va unida íntimamente a la reputación, es uno de los paradigmas del siglo XXI. Así, uno de los retos económicos a los que nos enfrentamos como país en el 2020, es la renovación de las cabeceras al frente de Instituciones, supervisores y reguladores cuyo trabajo es mirado con lupa por los organismos e inversores internacionales cuando tienen que calificarnos o cuando han de tomar decisiones que van a ser determinantes para nuestra economía.
Por orden, la presidencia de la CNMC ya ha vencido, la presidencia de la Airef vence en marzo, la presidencia del FROB vence en junio y la presidencia de la CNMV en octubre. La sustitución de los responsables es una cuestión muy delicada por los perfiles que se necesitan para ello y no beneficia nuestra imagen como país que, en ocasiones, se haya transmitido que puedan ser objeto de cambalaches para favorecer pactos políticos.
Por último y como recordatorio, no puedo terminar sin hacer mención a lo que podemos denominar restricción o dato con el que contar inexcusablemente ya avanzado el siglo XXI: la sostenibilidad ambiental.
Cualquier política o decisión que se precie en esta época ha de ser plenamente consciente que se tiene que desarrollar en un planeta al que se le empiezan a estirar las costuras si no han saltado ya por alguna parte.
Acaba de celebrarse en Madrid la COP25 sobre el cambio climático en la que se han puesto de manifiesto muchos de los problemas que le causan al mundo determinadas actuaciones humanas; el deterioro y contaminación de nuestro mares así como el agotamiento de recursos o la mera responsabilidad en su uso nos avoca con urgencia a la llamada economía circular; o, en fin, el encomiable resumen que encontramos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 nos marca el camino. Aunque sólo sea desde un punto de vista egoísta, debemos entender que la tierra es nuestra gallina de los huevos de oro y, ahora que recordamos con nuestros hijos los cuentos infantiles y subrayamos sus enseñanzas, tenemos que ser conscientes de que si la matamos se nos acaban.
Esa es la moraleja y por eso concluyo con ella esta exposición de los principales retos económicos a los que, en mi criterio, nos enfrentamos en 2020.
