La ministra de Economía y Empresa en funciones deambula pensativa por los pasillos de La Moncloa buscando como a un "pokemon" ese delgado equilibrio entre los pactos del futuro gobierno y los compromisos con Bruselas.
La Comisión Europea ha dado ya varios toques de atención al Gobierno de España en lo que llevamos de año, el último hace unas semanas, devolviendo sus cuentas por ser poco realistas en cuanto a sus objetivos de cumplimiento, marcados por una reducción del déficit estructural y, con ello, los niveles de deuda pública. Así pues, se ha exigido que se lleve a cabo un ajuste de unos 7.800 millones, algo que, sumado a la inquietud que genera no sólo entre los inversores y empresarios sino también en Bruselas el posible nuevo gobierno social-comunista, que ya ha anunciado que va a gastar más y que va a subir los impuestos, lo que lastrará nuestra ya débil economía, hace que ahora el BCE, que es quien permite que haya las medidas extraordinarias de liquidez, se preocupe. De ocurrir, puede comprometer los objetivos del BCE y la eficacia de toda su política monetaria.
Lo primero que ha dicho la nueva presidenta del BCE es que se van a mantener las políticas ultra-expansivas y todos pensamos que será así hasta al menos 2021, pues el objetivo es que se frene la desaceleración en Europa y la posible recesión en las principales economías. Para evitarlo, también ha dicho que países como Alemania y Países Bajos, que tienen superávit desde hace años, deben gastarlo en estimular la economía del conjunto y beneficiar a todos.
Y aquí es donde viene a cuento la famosa frase "consejos vendo que para mí no tengo", pues el BCE carece de fuerza moral para exigir a unos países que gasten su superávit mientras permite que otros sigan endeudándose sin control. De nuevo se premia a los países "cigarra" que no hacen sus deberes y se castiga a aquellos que son "hormigas" y han sido buenos estudiantes. No es ni ético ni estético y supone un paso más en la pérdida de autoridad que lleva tiempo sufriendo dicha entidad a la vista de que el "terrible" procedimiento de déficit excesivo (que no asusta a nadie) no ha tenido un efecto en la corrección de la hoja de ruta de algunos de los pilares económicos de la zona euro tales como Italia, Francia y España. Estos países hacen bullying al BCE ya que los populismos e intereses electoralistas comienzan a situarse por encima del cumplimiento de los objetivos de convergencia.
El incremento de impuestos y gastos pone en duda la eficacia de la política monetaria
Mientras tanto, el BCE sigue regando con dinero a países como España a los que también han dado toques de atención otros organismos internacionales como el FMI y la OCDE. En nuestro caso, la deuda pública está en niveles del 98,9 por ciento del PIB y el déficit público no va a cumplir el objetivo comprometido, de modo que el BCE sugiere que, ya que está forzando que los tipos de interés sean negativos y los más bajos de la historia, nuestro país utilice el ahorro que está teniendo para reducir el stock de deuda en vez de gastarlo de forma improductiva, comprometiendo el déficit estructural.
En cualquier caso estamos hablando de una cifra cercana a los 22.000 millones de euros, una cantidad irrisoria respecto de la deuda de 1,21 billones de euros que actualmente tenemos, y es más simbólico por el efecto que puede tener sobre el resto de los miembros de la UE que por la cantidad que se pueda reducir la deuda. Además, hay un riesgo en el horizonte pues a partir de ahora los tipos de interés ya no pueden bajar más, lo único que pueden hacer es subir. Y cada 1 por ciento de subida supondrá para España, en el futuro, unos 12.000 millones de euros más de pagos de intereses; poca broma si pensamos lo que se podrían subir las pensiones con ese dinero. Por tanto, nos encontramos en un punto crítico, de no retorno, si no se acometen reformas estructurales de gran calado, que hace tiempo necesita nuestra economía, antes de que desaparezcan los débiles vientos de cola que aún tenemos. Y es que la desaceleración es un hecho en toda Europa, pero mientras otros países han hecho los deberes, España ha ido a peor y, aun siendo la economía que más va a crecer, el frenazo se nota mucho más en los indicadores industriales, el consumo privado y el empleo que en el resto de los países. Esto es debido a la estructura de nuestra economía y nuestro tejido empresarial, más vulnerables a los cambios exógenos. Una prueba de ello es el aumento del paro y la caída en la afiliación a la Seguridad Social en el mes de noviembre y, peor aún, lo que está por llegar.
Desde aquí me uno a ese grupo que opina que España debería tomar medidas económicas encaminadas a ahorrar en todo para poder reducir el déficit estructural. Pero a la vista del preacuerdo entre PSOE y UP, no me cabe la menor duda de que se va a gastar lo que hay y lo que no hay por las políticas fiscales expansivas que se proclaman; creo que por mucho que se suban los impuestos, la desaceleración económica no permitirá recaudar suficientes ingresos para cubrir el incremento previsto del gasto. Hasta el Gobierno reconoce ya que la subida en el SMI está generando más economía sumergida y por tanto volveremos a incumplir el objetivo de déficit, una vez más, necesitando emitir nueva deuda que se acumulará a la ya existente. Esto devengará más intereses que aumentará el déficit y deberá ser financiado con nueva deuda; por consiguiente, estamos ante la pescadilla que se muerde la cola. Volvemos a pasar por la casilla de salida, la de la deuda insostenible que no se reduce porque nadie quiere arriesgar su posición política por llevar a cabo recortes, ni siquiera se menciona esa palabra. Pan y circo para el pueblo, que esta fiesta la financia el BCE y ya veremos quién la paga.
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