La Generalitat pretende elevar el salario mínimo de 900 a 1.240 euros en Cataluña. Resulta muy dudoso que el Govern pueda arrogarse la capacidad de alterar unilateralmente esa variable, cuya definición es una competencia del Ministerio de Trabajo.
Es, por ello, cuestionable que sea capaz de imponer este cambio a las empresas catalanas que socavaría su competitividad, lo que no quiere decir que el anuncio de la Generalitat sea inocuo. Como el vicepresidente Aragonès indica, es posible fomentar un alza de la media salarial elevando los salarios públicos. Nada sería más pernicioso en una situación fiscal aún tan deteriorada como la catalana. Pero ERC parece priorizar su beneficio electoral ante la alta probabilidad de que los comicios autonómicos se adelanten.
