Opinión

La seguridad de obras y servicios públicos, un asunto crucial

Las obras y servicios se están empezando a resentir

Durante años, los servicios públicos españoles han situado a nuestro país en una posición de liderazgo mundial.

En ello ha tenido mucho que ver el trabajo realizado por los ingenieros de Caminos, tanto en el campo profesional como en la esfera académica, empresarial e institucional.

En ese tiempo, España se ha vertebrado y se ha modernizado gracias a las nuevas infraestructuras que se pusieron en marcha durante varias décadas sucesivas. Han pasado ya más de 30 años y esas obras y servicios públicos están empezando a resentirse. Ya no ocupamos la décima posición mundial, sino la vigésimocuarta. Y si no tomamos medidas, seguiremos descendiendo en el ranking.

Pero no se trata solo de un puesto: hablamos de seguridad para el conjunto de los ciudadanos, de mantener en óptimas condiciones las obras públicas españolas para no tener que lamentar su deterioro y las consecuencias negativas que ello puede reportar en forma de fallos de servicio, accidentes y catástrofes. En estos años de ajuste presupuestario, las infraestructuras han sido las grandes olvidadas y su mantenimiento y conservación han pasado a un segundo plano. La inestabilidad política actual parece habernos condenado a una parálisis social que afecta al reparto de las cuentas públicas, aunque, hasta ahora, gracias al buen trabajo realizado en las etapas de su diseño y construcción, hemos conseguido mantener un nivel notable.

Sin embargo, ya no caben más prórrogas en este asunto. Y esta es la conclusión que se extrae de un reciente estudio, Las obras y servicios públicos a examen. España, Informe 2019, elaborado por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil: las obras públicas españolas necesitan una importante inversión en conservación, mantenimiento y adaptación al futuro. En este sentido, más de 500 ingenieros de Caminos han concluido que la mejora continua de la seguridad de los servicios y las obras públicas debe considerarse una prioridad, particularmente en la gestión del agua, las carreteras convencionales y la red ferroviaria convencional, donde las necesidades son más acuciantes.

La colaboración público-privada preservará uno de los pilares del Estado de Bienestar

A esta situación tenemos que añadir el nuevo escenario climático en el que llevamos viviendo desde hace años. Nuestros servicios públicos, basados en obras construidas en un entorno más favorable, se están enfrentando en la actualidad a una nueva realidad: el cambio climático es un hecho innegable y es momento de adaptar nuestras infraestructuras para resistir sus consecuencias negativas. En este sentido, resulta necesario desarrollar planes de contingencia resilientes frente a catástrofes provocadas por causas naturales, ataques terroristas, ciberataques y bioterrorismo. Este nuevo escenario, lleno de incertidumbres, no puede tener respuestas del pasado, sino que requiere una apuesta decidida por la innovación y por ideas creativas que aborden la situación actual de manera renovadora.

En especial, los ingenieros de Caminos tenemos el mandato de la sociedad de crear un mundo sostenible y mejorar la calidad de vida global. Las obras públicas y los servicios que prestan son activos que las sociedades desarrolladas y modernas necesitan para satisfacer y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Además, resultan imprescindibles para el desarrollo económico y social y la buena gestión medioambiental: son el soporte básico para el transporte de personas y mercancías, permiten la captación, distribución y depuración del agua y suministran otros servicios y bienes esenciales, como la energía y las telecomunicaciones.

Resulta necesario desarrollar planes de contingencia frente a catástrofes naturales

A la vez, las Administraciones deben asegurar la adecuada provisión de esas obras y servicios que resultan esenciales para la sociedad, su gestión eficiente y la correcta conservación y explotación; y para ello, es necesario realizar estudios y proyectos que nos permitan canalizar las adecuadas inversiones que satisfagan las demandas sociales. Hacerlo con éxito requiere también impulsar fórmulas de colaboración público-privada en un marco de garantía jurídica, ya que se trata de configurar servicios esenciales de agua, aprovisionamiento y depuración, movilidad y vida urbana, para subsanar las deficiencias en mantenimiento, conservación y rehabilitación de nuestras infraestructuras, así como evitar la degradación progresiva del patrimonio de los servicios y las obras públicas, que, de mantenerse en el tiempo con un progresivo deterioro, acabaría generando consecuencias negativas en la calidad de vida de los ciudadanos de hoy y del mañana.

Ante esta situación, no podemos permitirnos perder lo que tanto nos costó, en lo que fuimos líderes hace unos años. Ya no es momento de seguir dejando en segundo plano una de las joyas de la corona de nuestro Estado de bienestar, en especial porque los ciudadanos no se merecen que se sigan degradando nuestras obras y servicios públicos.

WhatsAppWhatsApp
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Linkedinlinkedin
emailemail
imprimirprint
comentariosforum0