España invierte por habitante un 45% menos que la media de los países europeos en infraestructuras de medioambiente (24 euros frente a 44 euros) y ha reducido la inversión en este tipo de proyectos un 65% en entre 2007 y 2017, de manera que ha pasado de destinar 3.211 millones de euros a 1.109 millones, según los últimos datos publicados por la Comisión Europea (CE) sobre inversión comparada en Europa. Todo ello en un contexto en el que existe un déficit en infraestructuras del ciclo integral del agua y tratamiento de residuos que han llevado al país a incumplir la normativa europea en ambas materias y recibir ya multas millonarias por ello.
En opinión de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), España "tiene pendiente uno de los mayores desafíos ya que, de no afrontarlo urgentemente, se seguirán produciendo daños irreversibles al medioambiente -es el país europeo con mayor superficie sometida a estrés hídrico severo- implicando, además, importantes sanciones por parte de la Comisión Europea, que ya han comenzado a producirse".
En el verano de 2018 se conoció la multa a nuestro país de 12 millones de euros por el incumplimiento de la Directiva Europea sobre depuración de aguas residuales urbanas, sanción que se vería aumentada cada semestre en 11 millones de euros adicionales mientras España no se ponga al día. Es decir, a día de hoy, la sanción alcanzaría ya los 34 millones de euros, cifra que sigue creciendo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró por primera vez el incumplimiento de España en una sentencia de 2011, después de que la Comisión Europea presentara un recurso contra el país al haber comprobado que 43 municipios españoles con más de 15.000 habitantes no disponían de sistemas colectores ni de tratamiento de las aguas residuales urbanas.
De acuerdo al análisis realizado por Seopan, junto con la ingeniería Sener, en 2017 sobre infraestructuras prioritarias en España, existen más de 500 inversiones programadas que representan 12.000 millones de euros a ser realizadas hasta 2021. Y más de un tercio de esta inversión, 4.500 millones de euros, son de obligada ejecución para evitar nuevas sanciones de la Comisión Europea, "siendo especialmente preocupante las actuaciones de saneamiento y depuración" que representan el 60% de dicho importe.
Del total de 12.000 millones de euros a realizar hasta 2021, destacan cinco tipologías de infraestructuras hidráulicas: depuración y saneamiento, con 3.500 millones de euros, regadío, con 2.900 millones de euros, conducciones (2.000 millones de euros), presas (925 millones de euros) e ingeniería fluvial (905 millones de euros). El sector demanda que se implemente un nuevo Plan Nacional de infraestructuras hidráulicas que proporcionaría un beneficio social de 52.000 millones de euros durante su periodo de vida útil. Resolver el déficit inversor hidráulico, permitiría a España incrementar la competitividad y exportación en productos de alto valor añadido, y, al mismo tiempo, preparar al sector agroalimentario para atender un incremento del 50% de la población global hasta 2050.
Tratamiento y valorización
Junto a ello, el tratamiento y valorización energética de residuos constituye otro déficit inversor pendiente de resolver, ya que las ciudades españolas generan más de 20 millones de residuos cada año, de los que casi cinco millones y medio se depositan directamente en vertedero sin tratamiento alguno, contraviniendo con ello las Directivas europeas y la normativa nacional y atentando seriamente contra la salud pública. Algunas regiones no disponen siquiera de plantas de tratamiento con una tecnología adecuada, y en otras donde si está planificada su construcción, se va omitir la valorización energética de los rechazos por razones de coste e insuficiencia de recursos públicos. "Cumplir el objetivo de vertido directo cero y valorizar energéticamente los más de ocho millones de toneladas anuales de rechazos procedentes de nuestras plantas de tratamiento requiere invertir más de 6.500 millones de euros", de acuerdo con el informe de Seopan y Sener.
Al ritmo actual de contratación, de 48 millones anuales, España tardará 136 años en conseguir el objetivo de inversión para 2020. En la comparativa con los países europeos, el resultado es esclarecedor: 20 euros por habitante, frente a los 53 euros de media de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, lo que representa un 62% menos. España es el país que menos residuos genera de los cinco. Sin embargo, está muy por detrás en sistemas avanzados de tratamiento de residuos con sólo el 39% de residuos urbanos y el 89% de residuos industriales tratados, frente al 66% y el 96%, respectivamente, de media de los países. En este contexto, la CE ha denunciado que existen 61 vertederos ilegales que funcionan sin supervisión. Continúa todavía sin proyectarse, aprobarse o iniciarse la mayor parte de las obras necesarias para su clausura, sellado y restauración.
Según el presidente de la patronal de constructoras y concesionarias, Julián Núñez, "eealizar estas inversiones supondría un beneficio social superior a los 52.000 millones de euros durante el periodo de vida útil de estas infraestructuras, evitaría nuevas sanciones de la CE, contribuiría a proteger el medioambiente y prepararía a nuestro sector agroalimentario para atender el importante aumento de la población global hasta 2050". "Ello implicaría multiplicar por seis la inversión pública anual de nuestras Administraciones Públicas durante los próximos tres años, por lo que, de forma adicional al presupuesto público, deberán implementarse planes de colaboración público-privada para respetar la senda de estabilidad presupuestaria en que nos encontramos", explica.
El cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 va a condicionar cada vez más la acción y estrategia de los Gobiernos. "Ello representa un reto para nuestras infraestructuras, que deberán adaptarse a los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, pero también una oportunidad para nuestras empresas, que deberán jugar un papel protagonista, y para el desarrollo económico y social del país, dado el fuerte impacto que la inversión en infraestructuras tiene en la competitividad y actividad económica", sostiene Núñez.
114.000 millones
El cumplimiento en 2030 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas conlleva importantes desafíos, y las infraestructuras, además de constituir un factor común y estratégico en todos ellos, destacan muy particularmente en cinco objetivos. En el de salud y bienestar con la meta de reducir a la mitad las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico; en el de agua limpia y saneamiento, garantizando el acceso al agua potable, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando la reutilización y el uso eficiente de recursos hídricos; en el de energía asequible y no contaminante ampliando la infraestructura existente; en el de industria, innovación e infraestructura, modernizando nuestras infraestructuras regionales y transfronterizas, y, en el último lugar, en el de ciudades y comunidades sostenibles, con la meta de promover y mejorar nuestras infraestructuras de vivienda, urbanismo y servicios básicos asociadas, de transporte público, y de tratamiento de residuos urbanos y la mejora de su gestión.
"Todo ello representa un desafío para nuestro país, en un entorno con importantes factores de cambio como la evolución y envejecimiento demográfico, el potencial disruptivo de la innovación tecnológica, la evolución de la economía mundial y la complejidad del entorno geopolítico", subraya el presidente de Seopan.
Sumando a las actuaciones necesarias en el ciclo integral del agua y en infraestructuras de medio ambiente, las dirigidas a salud, educación, accesibilidad, movilidad urbana, trasnporte interurbano y logísticas, las necesidades de inversión para los próximos años ascienden a 114.000 millones, según el informe de Seopan. Al ritmo inversor actual se tardaría 136 años en realizar las infraestructuras prioritarias de medioambiente, 40 años en realizar las de transporte y ciclo integral del agua, y siete años para recuperar el déficit inversor acumulado en las de salud y educación. Las prioridades de gasto social, la reducción de la deuda pública y el pago de sus intereses "no permitirán en los próximos años atender las necesidades de inversión en infraestructuras con cargo a los presupuestos públicos", advierte la patronal de las grandes constructoras.
El sector demanda un pacto nacional entre las distintas fuerzas políticas para la aprobación de un plan general de infraestructuras a largo plazo que, bajo estrictos criterios de rentabilidad económico-social, establezca las prioridades y su financiación.
Los ingenieros españoles, por su parte, demandan a las Administraciones Públicas que más que dupliquen la inversión en infraestructuras hasta situarla por encima de los 18.300 millones de euros anuales en la próxima década. Esta cifra contrasta con los 8.788 millones registrados en 2017. Es una de las principales conclusiones del Informe sobre el Estado de las Obras Públicas en España, elaborado por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (AICCP/IC), que otorgan una calificación global a las infraestructuras españolas de suficiente, con una nota de 6,3 puntos sobre 10.
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