Recientemente, el Senado de EEUU aprobó la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong (HK Human Rights Act 2019) por unanimidad.
En nuestra opinión, a pesar de la aprobación de esta Ley, es probable a corto plazo un alto al fuego comercial entre EEUU y China (la primera fase), aunque el camino de las negociaciones pueda resultar más accidentado. De hecho, poco después de la aprobación del proyecto de Ley el poder legislativo y algunas agencias gubernamentales chinas han emitido declaraciones separado condenando enérgicamente esta acción del Congreso de EEUU y advirtiendo de posibles represalias, aunque no está claro qué tipo de medidas puede al respecto tomar el Gobierno chino.
El caso es que Pekín, desde que comenzaron las protestas a gran escala en Hong Kong en junio, se ha mantenido en gran medida al margen, sin una intervención directa. Su Gobierno central se ha limitado principalmente a hacer comentarios condenando la violencia de algunos manifestantes radicales, pero se ha abstenido de enviar cualquier fuerza armada o a involucrarse en los procesos legales relacionados con el malestar político. Creemos probable que Pekín se mantenga en esa postura, dados los costes políticos potencialmente altos asociados con una intervención directa. Así que nos parece inverosímil que la Casa Blanca pueda llegar a la conclusión de que la autonomía de Hong Kong se ha erosionado de tal manera que deba eliminar el trato económico especial que EEUU tiene con el territorio.
El caso es que el proyecto, a la espera de una revisión de la Cámara de Representantes y aprobación por el presidente Trump, probablemente se convierta en Ley próximamente. Trump ha guardado silencio en gran medida sobre la situación de Hong Kong y puede vetar la Ley, pero el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Incluso, si lo vetara es probable que su decisión quedase anulada por el Congreso. Así que es muy probable que la Ley de Derechos Humanos de Hong Kong se convierta en ley en un futuro próximo.
Su impacto a corto plazo puede ser limitado, ya que la probabilidad de que el Gobierno estadounidense acabe con el estatus económico especial de Hong Kong es baja. Sin embargo, el impacto a largo plazo puede reducir el atractivo de Hong Kong como centro de negocios. Aunque no esperamos que el estatuto de trato especial se elimine, una revisión anual, como prevé el proyecto de Ley, añadirá incertidumbre a las empresas que operan en Hong Kong, probablemente reduciendo su atractivo como centro de negocios, desalentando la inversión extranjera.
Hay que tener en cuenta que esta región administrativa, desde que fue devuelta a China por el Gobierno británico en 1997, fue tratada por el Gobierno de EEUU como una entidad económica especial separada de China continental, en virtud de la Ley de Políticas entre Estados Unidos y Hong Kong de 1992. Ese trato permite a Hong Kong quedar exento de los aranceles adicionales que EEUU está imponiendo a China y de las restricciones de exportación de algunas "tecnologías sensibles" de Estados Unidos, siempre que Hong Kong las proteja de un "uso indebido".
En concreto, el proyecto de Ley exige al Gobierno de EEUU una revisión anual de este trato especial con Hong Kong. Específicamente, requiere del Departamento de Estado un informe anual de libertades civiles y cualquier erosión a la autonomía del territorio que pueda afectar a la cooperación con EEUU. Si el presidente Trump determina que Hong Kong ha propuesto o promulgado una legislación que sitúa a los ciudadanos estadounidenses en riesgo de extradición a China continental o a otro país carente de protecciones de derechos, informará al Congreso a fin de proteger a dichos ciudadanos y a las empresas estadounidenses en Hong Kong. También informará si Hong Kong es legalmente capaz de seguir administrando los acuerdos entre Hong Kong y EEUU.
El presidente de EEUU informará al Congreso de una lista de personas responsables de actos que violen los derechos humanos reconocidos internacionalmente en Hong Kong, incluyendo actuaciones extrajudiciales o la tortura. El proyecto prohíbe a esas personas entrar en EEUU y prevé sanciones. Por su parte el Departamento de Estado no podrá denegar solicitudes de visa de trabajo o de estudio a un residente del territorio autónomo debido a una actuación política del Gobierno de Hong Kong. Además, el Departamento de Comercio informará anualmente al Congreso de los intentos de China por utilizar Hong Kong para evadir los controles y sanciones relacionados con las exportaciones de EEUU.
Aunque Trump apoye las revueltas, el acuerdo comercial podría firmarse
Sea lo que sea, Hong Kong, como centro financiero y de negocios global, alberga grandes intereses comerciales estadounidenses. Por ejemplo, EEUU mantiene con Hong Kong el mayor superávit comercial entre sus principales socios comerciales. En 2018, el superávit de mercancías con Hong Kong ascendió a 31.000 millones de dólares, -el déficit comercial global de EEUU es de 627.700 millones de dólares-. A ello se añade que, según las estadísticas del Ejecutivo de Hong Kong hay 1.344 empresas estadounidenses operando en el territorio, de las que 278 compañías son sedes regionales. Además 85.000 ciudadanos estadounidenses viven en Hong Kong. Así que cualquier cambio importante de las políticas económicas y comerciales con esta zona tendría inevitablemente un impacto significativo en los propios intereses comerciales de Estados Unidos.
Entidades
