La UE contará con una directiva específica para proteger a los empleados que denuncian prácticas corruptas en su empresa. La Unión se pone así al nivel de EEUU, donde la labor de los confidentes se considera vital para garantizar el buen gobierno corporativo.
Europa llevaba retraso en este ámbito lo que perjudicaba a los trabajadores dispuestos a denunciar, al no garantizarse su confidencialidad, y a las propias empresas, ya que carecían de criterios para evaluar la veracidad de las denuncias de este tipo. Además, en el caso de España, la directiva llega en un momento especialmente oportuno. Como la CNMV manifiesta, el caso Villarejo delata la necesidad de dotar de más capacidad a los controles internos de las empresas cotizadas.