El Supremo avala la constitución de la sociedad público-privada que gestiona el agua en el área metropolitana de Barcelona desde 2013, liderada por Agbar. La sentencia disipa la polémica sobre el hecho de que la concesión a Agbar se hiciera por un procedimiento negociado, en vez de convocar un concurso público.
Se trata de una opción legítima considerando que la firma propiedad de Suez es el titular de la única infraestructura a través de la que se puede ofrecer este servicio. Pero igualmente importantes son los efectos futuros de la sentencia. Agbar se refuerza ante la pretensión de Ada Colau de remunicipalizar el suministro de agua. Si la alcaldesa quiere continuar con ese proyecto deberá pagar unas indemnizaciones mucho más cuantiosas de lo que preveía.
