El informe de la Comisión de Expertos para la Transición Energética (¿acabará como tantos otros?) señalaba algunos escenarios que creo importante considerar en este momento en que dicha transición se presenta como uno de los ejes prioritarios del anunciado Gobierno de coalición.
Parto del convencimiento de que la incorporación de renovables al sistema es rentable, independientemente de que se atribuya precio cero al CO2. La electrificación de la demanda es imprescindible para lograr objetivos de disminución de emisiones, ya que nuestro "combustible", las renovables, es autóctono y nuestro potencial mayor que todas las reservas de petróleo conocidas. Con renovables, además de permitir mejores precios, los casi cinco millones de euros que quemamos cada hora podrían aplicarse a otros destinos.
La reducción de la demanda en base a cumplir objetivos de ahorro y eficiencia deberá tomar posiciones de importancia en la decisión de nuestros actores e incluyo en el grupo de actores no solo a los políticos, sino a toda la sociedad civil. Lo que hagamos desde nuestra posición de usuarios de productos y/o servicios es fundamental para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Lo que dejemos de hacer todos y cada uno de nosotros no lo compensará nuestro vecino. Será una inacción irreversible y el tiempo en que tardemos en tomar medidas será tiempo perdido. El Informe Stern nos avisaba de que lo que no invirtiéramos ahora en la lucha contra el cambio climático nos costaría 20 veces más hacerlo solo diez años más tarde.
La medida de más calado, a mi juicio, que proponía el informe de la Comisión de Expertos, es la reforma fiscal energético-ambiental. En ese sentido el mejor instrumento que podemos encontrar para lograr los objetivos de ahorro y eficiencia y aplicación de la política fiscal es considerar la huella de carbono de los productos y servicios. Es aplicar eso de "quien contamina paga" que hace muchos años ya se escuchaba a la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Aplicando este principio conseguimos dos objetivos.
Es urgente reformar el sistema eléctrico para dar más posibilidades a las renovables
Uno: informar al usuario para que pueda elegir con conocimiento del impacto mayor o menor que ese producto o ese servicio (un hotel frente a otro, una línea aérea frente a otra, una empresa comercializadora de electricidad frente a otra, etc.), generan al ponerlo en el mercado.
Dos: la aplicación de cargas o desgravaciones fiscales, que "ayuden a convencer" al usuario incidiendo en su bolsillo (que es un muy buen argumento).
Para ello es necesario establecer una metodología que tiene que ser eminentemente sencilla de aplicar. No tendría ningún éxito si cada empresa tuviera que contratar un gabinete interdisciplinar, una consultoría cara y que complicara la gestión del fabricante o gestor del servicio. Aunque no sea rigurosamente exacta sí tendría el mismo defecto relativo (me acuerdo de mi bachiller cuando nos enseñaba el profesor de Matemáticas el error absoluto y el error relativo) en todos los aspectos y las medidas o diferencias entre los distintos sujetos evaluados serían válidas.
Es ciertamente contradictorio que establezcamos una fiscalidad basada en el principio de quien contamina paga que requiere de la electrificación de la demanda vía renovables y a la vez, el desarrollo de las energías limpias encuentre trabas de carácter técnico o económico ajenas a la propia tecnología.
Pero para lograr estos objetivos es imprescindible hacer reformas en el sector eléctrico y en el mercado. Podríamos empezar por eliminar absolutamente el valor que adquiere un permiso, que no es más que un papel firmado por la administración competente para hacer una instalación de generación. Recordemos que la Ley recoge que la generación es una actividad liberalizada. Ese "papel" solo debía referirse a que la instalación cumple con toda la normativa técnica, ambiental, etc. que esté en vigor. Si, además, esa normativa fuese única para todo el territorio nos estaríamos acercando a la perfección.
Por otra parte, si el mercado da prioridad de despacho a la oferta de menor precio y si la energía que fluye por los nudos se conoce, no debería haber más limitaciones en cuanto a vertido que la capacidad del nudo en cada hora. Claro, a lo mejor, tenemos que olvidar principios de precio único. Las experiencias de otros sistemas eléctricos no desautorizan mi propuesta y, desde luego, se acabaría con la especulación.
Por último, quiero hacer referencia a la eliminación de la tarifa binómica, aplicando al término de energía todos los costes fijos del sistema, después de hacerlos transparentes, y, por supuesto, que sean efectivamente del sistema, no elementos de política económica. Esto además contribuirá, sin duda, a abaratar el precio de nuestra energía, que sea de origen más limpio y autóctono, a que ahorremos y seamos eficientes en su uso, y, en resumen, a hacer una transición energética más justa. Creo que es el momento oportuno de llevar a cabo estas iniciativas empezando por hacer de la consideración de la huella de carbono una herramienta esencial para reducir las emisiones que están en el origen del Cambio Climático.
