La decisión de hibernar, y no desmantelar, el almacén de gas Castor, tomada por el Gobierno en 2016, plantea inconvenientes. Los pozos no se sellaron de forma definitiva, pese a que la actividad de la infraestructura quedó paralizada tras detectarse su influencia en la actividad sísmica de la costa mediterránea.
En su lugar se optó por un parche provisional, como fue instalar unos tapones de loza que deben sustituirse en un periodo de entre dos y cuatro años. Esa tarea se retrasó y los tapones se cambiarán, apurando el plazo. No puede hablarse de grave riesgo, pero la demora sí puede elevar las primas que exigen las aseguradoras. Se suma así un posible nuevo coste, al tiempo que se demuestra el error de no desmantelar desde el inicio una infraestructura imposible de reutilizar.
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