Chapuza hasta en el desmantelamiento. El almacén de gas Castor tiene a punto de cumplirse la vida útil de los dos tapones que se colocaron en abril de 2016 para impedir la fuga del gas de sus pozos.
Según indica el Ministerio de Transición Ecológica, que ha tenido la valentía de aprobar el desmantelamiento cuando el anterior Gobierno decidió hibernarlo, al no tratarse de un abandono definitivo sino de una solución temporal, se instalaron unos tapones cuya vida útil se estima en el sector entre dos y cuatro años. Es decir, que desde abril del año pasado ya suponen una potencial situación de riesgo y deberían sustituirse como máximo antes de abril del año que viene para permanecer dentro de los estándares de seguridad de la industria.
El cambio de estos tapones, no obstante, no podrá realizarse en tiempo y forma adecuados por el retraso a la hora de aprobar el desmantelamiento de la planta. Según los expertos consultados, este retraso podría tener consecuencias en los seguros en caso de un altamente improbable incidente para el titular de la planta, en este caso, el Estado, tras el abandono de la concesión por parte de ACS y Escal tras los terremotos.
El Ministerio de Transición Ecológica, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto-ley 13/2014, ha encargado a Enagás la primera fase de dicho desmantelamiento.
En el plazo de seis meses, Enagás Transporte remitirá al Ministerio para la Transición Ecológica la documentación técnica necesaria para iniciar la tramitación del expediente de autorización de los trabajos de sellado y abandono definitivo de los pozos del almacenamiento. Es decir, que cumpliéndose los plazos previstos cuando a estos dos tapones les venza la vida útil, Enagás apenas habrá tenido tiempo para tramitar los permisos.
Los 13 pozos del almacenamiento se encuentran sellados de manera temporal mediante el emplazamiento de estos dos tapones mecánicos a diferentes profundidades, lo que supone que la hibernación temporal se hizo siguiendo los estándares de la industria.
Enagás planteó la realización de un estudio integrado de geología estructural, sismología y geomecánica para evaluar el origen y la sismicidad registrada en Castor. Como resultado de ello, profesionales del Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Harvard realizaron el informe denominado Modelación Acoplada de Flujo y Geomecánica, y Evaluación de Sismicidad Inducida, en el Proyecto Castor de Almacenamiento de Gas, el 24 de abril de 2017 en el que alertaron de los riesgos que supondría volverlo a poner en funcionamiento. Desde entonces, el Ministerio de Energía, con Álvaro Nadal al frente, no tomó ninguna decisión de cierre, aunque se mantuvo la vigilancia del mismo y los costes de la hibernación de entre 10 y 20 millones anuales.
Verificación de Lloyd's
Lloyd's Register ha realizado desde entonces inspecciones anuales para cerciorarse de que se mantiene la integridad y seguridad de las instalaciones. Enagás, como responsable técnico de la seguridad, realiza mensualmente otro informe sobre la situación de la misma que remite tanto a la Dirección General de Política Energética como a la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón.
Transición Ecológica justifica el desmantelamiento en que ningún escenario futuro se prevé un incremento del consumo de gas en España, y por tanto una eventual puesta en funcionamiento de la instalación, y en los tapones provisionales que están próximos a alcanzar el límite máximo de su vida útil y "deben ser sustituidos por unos definitivos que garanticen la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos".
El Ministerio evita así aludir a riesgos de la instalación que pudieran provocar posteriores demandas por negligencia que impidieran el cobro de la indemnización de Castor a ACS y Escal de cerca de 1.350 millones de euros.
El Ministerio para la Transición Ecológica dictará, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, las instrucciones necesarias para las sucesivas fases del desmantelamiento. El coste del desmantelamiento se estima que ronde los 300 millones de euros y tenga una duración de cerca de cinco años. El almacén de gas además tiene que afrontar otro coste añadido y es la pérdida del gas que se inyectó en el mismo durante la fase de llenado.
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