ACS, a través de su filial Escal UGS, se resiste a devolver los 195 millones que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia le reclama desde julio para restituir al sistema gasista los pagos efectuados por el almacén de gas Castor. Para tratar de evitarlo, Escal UGS ha presentado un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra la CNMC y ha pedido medidas cautelares para impedir dicho pago.
La sección cuarta de la Audiencia, no obstante, acaba de decidir denegarle estas cautelares ya que la empresa alegó que tenía riesgos de viabilidad, una afirmación que pone en duda el tribunal al tratarse de una sociedad cuyo socio de control es el grupo ACS con una participación del 73,69 por ciento. La Audiencia tendrá que pronunciarse ahora sobre el fondo de la cuestión.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia acordó en julio reclamar 368,4 millones por los pagos realizados del almacén de gas Castor. Concretamente, Escal debía devolver 195 millones; Santander, un total de 71,9 millones; CaixaBank reintegrará al sistema 48 millones; Bankia, un total de 21,1 millones, y Enagás, 32,4 millones.
La CNMC recuperará así los pagos realizados por el sistema gasista tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parte del Real decreto que instauró el sistema de pago anulado por el Constitucional, lo que en opinión de la banca acreedora no debería ocasionar "ninguna pérdida" a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.
Las entidades financieras han decidido acudir a los tribunales para de recuperar los pagos por el polémico almacén de gas y el Gobierno debe fijar una forma de pagarles o esperar a una posible sentencia.
Hasta el momento, Banco Santander, CaixaBank y Bankia han presentado una "reclamación de responsabilidad del Estado" en la que solicitan la devolución de la cantidad financiada que no se ha recuperado y los daños por la parte pendiente de recuperar de los 1.350 millones, que destinaron a cubrir la indemnización por el cierre del Castor a Escal-UGS, sociedad controlada por ACS y la canandiense Dundee Energy.
En este sentido, exponen que si no reciben la devolución de la financiación, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras.
En la reclamación, el Santander, CaixaBank y Bankia ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo que permitiese llevar a cabo la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores de gas, pero en este plazo no han recibido ninguna propuesta por parte del Ejecutivo para recuperar los cobros que anuló ya, desde el pasado enero, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
El organismo, al mismo tiempo, ha recibido el dictamen del Consejo de Estado en el que se valora la propuesta de pago por el Castor. Por el momento, dicho dictamen se desconoce, aunque fue aprobado el pasado 3 de julio.
Las cuentas del sector gasista han ingresado en la séptima liquidación 185,7 millones de euros procedentes de la revisión de las liquidaciones asociadas a los pagos al almacén subterráneo Castor que acomete de oficio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que supondría en la práctica que la banca ya ha ingresado su parte. El Ministerio de Transición Ecológica prepara ya una orden para clausurar el Castor.
