Las especulaciones se dispararon esta semana acerca del contenido que presentará, previsiblemente el lunes, el fallo del Supremo sobre los acusados por el referéndum ilegal del 1-O. Es posible que la acusación más grave (rebelión, con penas de cárcel de hasta 25 años) ceda terreno a un delito de otra categoría: la sedición.
En este caso, las condenas pueden ser muy variables para cada uno de los encausados. Sin embargo, pese a las diferencias entre los dos escenarios, todo apunta a que el movimiento independentismo responderá en cualquier caso con el propósito de paralizar Cataluña. No en vano, el fallo del Supremo ofrece una oportunidad de oro para dotar de la máxima repercusión internacional al procés, y cubrir el gran punto débil del 1-O: la total falta de apoyo exterior. No cabe minusvalorar este escenario, invocando la experiencia de 2017. Lo ocurrido entonces supuso un importante perjuicio para la economía catalana, pero muy dispar según sectores.
El resurgir de la conflictividad en Cataluña llega en el peor momento para la economía de esa autonomía y de toda España
Ahora, como las patronales advierten, esa amenaza resurge reforzada por la posibilidad de que, esta vez, se bloqueen infraestructuras de transporte, y colapse la logística, lo que ataca el corazón mismo de la actividad industrial y de la gran distribución. Se trata de un daño que las empresas de estos ámbitos no pueden permitirse, por lo que es posible que se produzcan fenómenos más graves como la parálisis de inversiones, el traslado de centros de producción (no sólo de domicilios fiscales) y la destrucción de puestos de trabajo. Es un escenario que urge evitar. Una prueba de fuego de esa magnitud no sólo amenaza con ahondar el parón de la economía catalana; también lastrará el PIB de toda España ahora que su desaceleración se intensifica.