Los estados adheridos al Acuerdo de París se han puesto, en mayor o menor grado, manos a la obra para ir cumpliendo los 17 puntos marcados en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) firmados en 2015. El séptimo recoge la necesidad de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos como medio de avanzar hacia una economía cada vez más descarbonizada. En el caso de España, el Ministerio para la Transición Ecológica diseñó y presentó a los órganos europeos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), único, entre los países de la UE, que fue aprobado por su ambición, detalle y carácter inclusivo de los procesos (ver informe de mayo de la Fundación Europea para el Clima Planning for Net Zero: Assesing the Draft National Energy and Climate Plans). Precisamente por ello nuestro país se ha impuesto una ardua tarea por delante; el Plan no deja de ser una hoja de ruta (omnicomprensiva) hacia la descarbonización. Debería suponer, con independencia de la coyuntura política o de las dificultades para formar gobiernos, una oportunidad para contribuir al crecimiento sostenible y la creación de empleos cualificados.
La normativa debe incentivar la inversión en tecnologías limpias y eficientes
Además de los compromisos adquiridos, será imprescindible un trabajo de todo el sector para fomentar iniciativas sostenibles económica y medioambientalmente, si queremos que, en un futuro no tan lejano, nuestro planeta sea aún habitable. Lograr un mix energético que, además, sea competitivo es un asunto de máxima importancia, de ahí el papel clave de las actuales compañías, generadoras y distribuidoras, unánimes en la necesidad de acelerar la descarbonización, pero sin aplicar prohibiciones como arma regulatoria (ver el IV Foro de Energía de elEconomista de 5/9). Hay consenso, a nivel internacional, en torno a la necesidad de instalar masivamente energías renovables, por lo que los actores implicados deberían ir en la misma dirección. Y ahí es fundamental que pueda producirse la inversión necesaria en la fase de transición, con reglas claras y, dentro de lo posible, estables. Decimos dentro de lo posible porque los escenarios de aquí hasta 2050 pueden ser distintos según evolucionen las proyecciones de demanda y oferta, las tendencias tecnológicas y los precios de los recursos. Es obvio que no solo cuenta el suministro energético y eléctrico en la transición ecológica, también, entre otros, el aprovechamiento de la absorción de CO2, la mejora de la eficiencia (en todos los sectores), la investigación y, por supuesto, la sensibilización de la ciudadanía.
Dicho lo anterior, existe una progresiva unanimidad en que una descarbonización rápida pero realista es el camino a seguir por las compañías de energía (ver, entre otros recientes, The Intergovernmental Panel on Climate Change -IPCC- y el estudio de Ce-res para EEUU), lo que inevitablemente generará considerables costes iniciales para aumentar la capacidad de generación de energías renovables y la instalación masiva de puntos de producción y distribución.
En este aspecto el papel del regulador (CNMC en España) es fundamental, por cuanto ha de fijar la retribución de las actividades reguladas (transporte y distribución) para el nuevo escenario de política energética, cuya orientación es competencia del Gobierno (ver Orden TEC/409). De esa retribución dependerá el que haya una adecuada incentivación a la inversión. Por ello, la CNMC propuso sendas circulares para la actividad regulada del sector eléctrico y gasista, unas para el cálculo de retribuciones y otras para metodologías, en las que existe consenso con el ministerio en lo fundamental, salvo puntuales discrepancias en relación con esas nuevas necesidades de inversión para el cumplimiento de los objetivos de energía y clima, cuyos planes corresponde aprobar al Gobierno, actualmente en funciones. Ya no se trata de retribuir a productores de un mismo bien, sino de hacerlo para energías que, políticamente y por compromisos adquiridos (tanto con la UE como en el Acuerdo de París) se deben promover porque su impacto ambiental es mucho menos negativo o nulo. Algo susceptible de generar lógicas discrepancias entre los actores más implicados. Esto debería resolverse en próximas reuniones de la Comisión de Cooperación, creada para asegurar la coherencia de las normas respetando los ámbitos competenciales del Gobierno y de la CNMC, que adquirió nuevas competencias (ver R. D. Ley 1/2019).
En definitiva, nos enfrentamos a una transición energética con amplio consenso en la necesidad de descarbonizar la economía, que debería desembocar en un modelo energético en sintonía con los compromisos adquiridos en un marco previsiblemente reglado y de alcance global.
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